Además de la Ley Humanitaria y la Ley de Ordenamiento a las Finanzas Públicas, hay otros tres casos de ajustes a los textos. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Al menos cinco leyes derivaron en controversias por ajustes de textos a última hora en el actual periodo de la Asamblea. La capacidad que tienen los ponentes de los proyectos para hacer cambios es uno de los debates pendientes.
Los antecedentes más relevantes que se tienen aluden al tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y las leyes de Simplificación y Progresividad Tributaria y del Adulto Mayor. La semana pasada se sumaron las de Apoyo Humanitario y la de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. El sábado pasado (16 de mayo del 2020), Ana Belén Marín, asambleísta de AP, pidió que se modificaran cuatro artículos de la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Los ajustes fueron acogidos por el parlamentario ponente, Franco Romero (Ind.), quien mocionó la aprobación del texto. Obtuvo 72 votos, un día después de que el proyecto se había librado de ser archivado por apenas un voto.
Los artículos 61 y 62 de la Ley de la Función Legislativa permiten al ponente de una ley incorporar cambios hasta minutos antes de la votación, sin necesidad de que sean aprobados por la comisión especializada, lo que evita que el Pleno los debata.
La oficialista Marín, quien es la primera vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), defendió la legalidad del procedimiento y dijo haber actuado apegada a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El socialcristiano Henry Cucalón cree que se dio “una flagrante violación a la Constitución, atentando contra el procedimiento legislativo, donde se incorporaron textos de forma extemporánea”.
Cucalón Agregó que se trata de una “norma que nace viciada de forma y de fondo, tanto en su contenido como en su legitimidad”.
Otro episodio similar sucedió cuando el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz (AP-aliados), acogió las propuestas del correísmo para el cobro de deudas con el fisco o la aplicación de un tributo a los bienes de empresas constituidas en paraísos fiscales, las cuales no fueron consensuadas previamente en la mesa que trataba la Ley de Apoyo Humanitario.
Al momento de la votación en el Pleno, Albornoz suprimió dos de los tres numerales de la disposición interpretativa única, y así fue aprobada el viernes 15 de mayo pasado.
La directora del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, sostiene que la Ley que regula al Parlamento permite que se hagan cambios “inclusive un minuto antes de las votaciones”.
“Lo que hay que asegurar y lo que siempre ha pasado en las sesiones del Pleno es que los asambleístas tengan conocimiento previo de lo que van a votar”, agrega. Los textos van a los correos electrónicos de los legisladores para que tomen una decisión.
Cuando se votaron las reformas al COIP, la controversia se centró en la despenalización del aborto en casos de violación, que finalmente fue descartada por falta de consensos entre las bancadas.
En la ley del Adulto Mayor se incluyeron disposiciones que derogaban impuestos, lo que posteriormente tuvo que reconsiderar el Pleno de la Asamblea Nacional.
En la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en cambio, a los legisladores les tomó por sorpresa un artículo que permitía a las telefónicas no pagar entre el 45 y el 70% del valor del Impuesto a la Renta, a cambio de implementar proyectos tecnológicos.
La asambleísta Mae Montaño sostuvo que hay más casos: “la más clara fue en 2013, cuando en la Ley de Comunicación se incorporó la extinta Superintendencia de Comunicación (Supercom) que nunca fue debatida”, dijo.
Como parte de las reformas a la Ley de la Función Legislativa asambleístas como Mae Montaño, Eddy Peñafiel y Cucalón plantearon que las observaciones realizadas por el Pleno dentro del segundo debate sean insertadas por aprobación de la comisión especializada a cargo del proyecto y no respondan a cambios de última hora.
El segundo debate de este proyecto, para reformar los procedimientos dentro de la Legislatura, que cuenta con informe favorable desde hace un año, es una de las tareas pendientes de la Asamblea y no se ha llamado a su votación final en el Pleno.
