La Contraloría General del Estado deberá realizar dos auditorías en relación al censo nacional del 2022. Así lo dispuso la Asamblea Nacional, tras aprobar un informe sobre supuestas deficiencias en el proceso.
La resolución fue aprobada en la sesión 840 del Pleno este jueves 12 de enero del 2023. Esto se dio con 120 votos a favor de 121 asambleístas presentes. Hubo unanimidad en las bancadas legislativas.
Una auditoría deberá enfocarse en la gestión del director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Roberto Castillo. En esta, según el texto, se deberá detallar los efectos de fallas administrativas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación, seguridad, entre otros.
A su vez, la Contraloría deberá realizar un examen especial enfocado en los efectos económicos. Según el Legislativo, esto fue consecuencia de las fallas en los sistemas de gestión, así como en las fallas administrativo-operativas.
Falencias
El informe presentado por la Comisión de Transparencia fue acogido por el Pleno. El VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades finalizó en diciembre pasado, pero las autoridades admitieron que faltaron medio millón de viviendas y se prevé completar este mes.
Seis asambleístas intervinieron en el debate sobre este asunto en el Pleno. Ellos coincidieron en las falencias e imprecisiones, así como la falta de garantías de seguridad para los censistas, entre otros problemas.
Advirtieron que la caída del sistema informático para el registro en línea es otro de los elementos que puede incidir en información errónea acerca de cuántos somos y cuáles son las condiciones de vida de los ecuatorianos.
Entre las recomendaciones está que el INEC realice una encuesta Post Censal independiente con observadores internacionales. La idea es que se verifiquen problemas de cobertura y calidad del censo.
“Enfatizamos que este proceso tiene que realizarse por un tercero independiente que verifique los detalles técnicos que se ejecutaron o no en el proceso del censo de población”, dice el informe aprobado por el Pleno.
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