El movimiento señala a Diana Atamaint, presidenta del CNE, así como a los consejeros Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera, por supuestamente no acatar la sentencia del TCE. Foto: Archivo EL COMERCIO
El movimiento Justicia Social, a través de su director encargado, Jimmi Salazar Sánchez, ingresó una acción de queja en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en la que se acusa a vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de supuestamente haber cometido una infracción electoral muy grave. El oficio se remitió la noche del martes 15 de diciembre del 2020.
El movimiento señala a Diana Atamaint, presidenta del CNE, así como a los consejeros Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera, por supuestamente no acatar la sentencia del TCE, que como medida de reparación otorgó a Justicia Social nuevos plazos para inscribir las candidaturas de todas las dignidades que se disputarán en los comicios generales del 2021.
El grupo pugna por inscribir al empresario Álvaro Noboa como su carta para la Presidencia de la República junto a Gino Cornejo, su compañero de fórmula. Este miércoles 16 de diciembre del 2020 voceros de Justicia Social se concentraron en los exteriores del TCE.
En el recurso solicitan que se les imponga a los cuatro consejeros electorales una multa de setenta salarios básicos (USD 28 000), destitución y suspensión de sus derechos políticos, por cuatro años. Además, piden que se remita el expediente a la Fiscalía General del Estado, para que se investigue la conducta de los consejeros. El TCE deberá decidir si admite a trámite la acción de queja.
Una vez admitido el recurso, el TCE tendría 30 días para emitir una sentencia de primera instancia, que todavía es apelable. De ser el caso, existe la posibilidad de que el Pleno del Tribunal emita una sentencia de última y definitiva instancia, que tomaría otros 15 días más.
Paralelamente, el presidente del Tribunal, Arturo Cabrera, es el encargado de hacer el seguimiento del cumplimiento de la sentencia a favor de Justicia Social. En un informe remitido el 15 de diciembre, Cabrera pide que se convoque al Pleno del TCE para que “adopten las decisiones que estimen pertinentes en el ámbito electoral y penal frente a la inobservancia de disposiciones contenidas en la sentencia expedida”.
Según Arturo Cabrera, la resolución adoptada por los cuatro consejeros señalados, con la que se remitió una demanda de conflicto de competencias a la Corte Constitucional para que dirima sobre la sentencia con el TCE, “nada resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia de esta causa”. El magistrado señaló que los consejeros han desacatado la sentencia por un periodo de 46 días.
