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El trámite del pedido de juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, desborda a la Comisión de Fiscalización. Aunque lo que se debate es si incurrió en un incumplimiento de funciones, el proceso arroja otros tres nuevos elementos que le corresponderá aclarar a la justicia.
Las circunstancias en las que Carrión fue detenido por supuesto abuso sexual, el 16 de mayo pasado, y el hallazgo de USD 46 000 en la escena de los hechos -el domicilio del exministro de Salud, Mauro Falconí, donde se produjo la reunión que terminó en altercado- concitan la atención. A eso se suma, en tercer orden, la subrogación en el cargo.
En la cuarta jornada de comparecencias, la constante fue la misma con la que se inició la sustanciación de pruebas el viernes pasado: interrupciones de los abogados de Carrión, de asambleístas y constantes llamados del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (Ind.), para que las intervenciones se ajustaran a las causales que corresponden al control político.
Después de un desfile de policías, peritos, del exministro de Gobierno Gabriel Martínez, exfuncionarios y funcionarios de la Defensoría, ayer concurrió la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Su comparecencia tomó casi dos horas y terminó entre reclamos de los abogados defensores de Carrión, quienes exigían a la funcionaria que entregase detalles sobre las circunstancias en las que él fue detenido.
Villavicencio no calificó ninguna de las preguntas que lanzaba Angélica Porras, con la ayuda de otro abogado.
Salazar enfatizó en que la investigación penal que enfrenta Carrión no es por incumplimiento de funciones o mal uso de bienes públicos, sino por un supuesto abuso sexual, tras un altercado en el departamento de Mauro Falconí.
La Fiscal precisó que el dinero encontrado en dos dormitorios y en una caja fuerte del inmueble de Falconí asciende a USD 46 570 (y no USD 47 000, como afirmó la Policía) y que se investiga el origen de estos recursos.
“El delito es por peculado y tiene relación con un contrato por pruebas rápidas del Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria). En esa investigación figura como evidencia ese dinero”, indicó.
Villavicencio consultó a Salazar si esas pruebas rápidas están vinculadas a un contrato con el Municipio de Quito, que salpicó al alcalde Jorge Yunda y sus colaboradores.
“De conformidad con lo establecido con nuestro ordenamiento jurídico no puedo dar mayor información, porque es una investigación previa”, apuntó la Fiscal y confirmó que ese dinero intentó ser retirado por una tercera persona, cuya identidad no reveló.
Los correístas Roberto Cuero y Pascasio Córdova reclamaron a la Fiscal por el trato a Carrión; mientras que Yeseña Guamaní (ID), interpelante, sostuvo que se busca desviar la atención “queriendo empañar este proceso”.
Un día antes de la comparecencia de la Fiscal General, Carrión se presentó acompañado de su esposa, Patricia Schettini, para desvirtuar el proceso. Ella señaló que todo fue una trampa por las tareas realizadas en el organismo. Según Carrión, el día de los hechos fue aparentemente drogado.
El exministro Falconí también fue llamado a comparecer, pero envió una excusa porque es testigo protegido.
Las comparecencias debían concluir este viernes, pero nuevos pedidos de Carrión provocaron que se aplazaran hasta el sábado. En principio, sus abogados presentaron una acción de protección, que les fue negada por un juez.
Al cierre, estaba programada la comparecencia de Zaida Rovira, defensora subrogante enfrentada con Carrión.