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Corte Constitucional sesiona por primera vez en Sinangoe

Los magistrados Daniela Salazar, Karla Andrade, Ramiro Ávila, Alí Lozada y Agustín Grijalva, llegaron a la comunidad A’I Cofán de Sinangoe, en Sucumbíos. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Más de 244 kilómetros de distancia separan a Quito, capital de Ecuador, de la comunidad A’I Cofán de Sinangoe, en Sucumbíos. Para llegar a ese territorio ancestral es necesario cruzar el río Aguarico, en dos ocasiones, embarcados en lanchas piloteadas por integrantes de la guardia comunitaria.

Son las 08:00 del lunes 15 de noviembre del 2021 y para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador es una fecha histórica. Por primera vez cinco jueces de la Corte Constitucional (CC) arribaron a esa comunidad amazónica para instalar una audiencia, como parte de un proceso para dictar jurisprudencia vinculante.

Daniela Salazar (vicepresidenta), Karla Andrade, Ramiro Ávila, Alí Lozada y Agustín Grijalva, magistrados del máximo organismo de interpretación constitucional de Ecuador, dejaron de lado su vestimenta formal, y se pusieron botas de caucho para entrar a Sinangoe.

Los jueces llegaron escoltados por personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional. Caminaron hasta la cancha comunal, acompañados de cánticos de mujeres Waorani. Algunos magistrados, a quienes pocas veces se los ve en actos públicos en Quito, grabaron con sus celulares el acto.

Antes de instalar la audiencia, los jueces participaron en una ceremonia ritual de purificación con palo santo, velas, pétalos de rosa, plantas medicinales, entre otros elementos con una significación espiritual. Finalmente, la diligencia se inició a las 09:35 y duró más de cuatro horas.

También cruzaron las aguas del Aguarico cuatro delegados del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, como representantes de la parte accionada. Todos ellos lucieron trajes y corbata en medio de la selva, en un día cuya temperatura osciló en los 24 grados centígrados.

En la diligencia estuvieron más de 300 representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, en su mayoría, de la Amazonía. En la audiencia se pidió que la CC establezca parámetros vinculantes sobre los derechos de la naturaleza, la autodeterminación de pueblos y nacionalidades indígenas, así como que fije normativa para el consentimiento libre, previo e informado, como requisito fundamental para dar paso a proyectos extractivistas.

Wider Guaramag, uno de los líderes de la Comunidad de Sinangoe, recordó que en el 2018 lograron sentencias favorables a nivel cantonal y provincial, para revertir 52 concesiones mineras, ubicadas en las inmediaciones del Aguarico. Su voz se torna firme cuando habla de la defensa de su territorio, de la relación intrínseca de la comunidad con la naturaleza, de que seguirán en resistencia ante la amenaza de proyectos extractivistas.

“Como ancestrales en estos territorios, como pueblos milenarios, tenemos ese derecho a ser consultados pero que sepan escuchar como último fin nuestro consentimiento. Si la comunidad dice sí, así será, y si decimos no, así será. La sentencia que ustedes escriban no solo va a servir para Sinangoe si no para muchos pueblos indígenas. Defendemos la vida. Defendemos nuestro territorio”, dijo en el encuentro.

En Sinangoe, los miembros de la guardia comunitaria, equipados con lanzas e intercomunicadores, recorren celosamente los alrededores de la localidad, para alertar si hay presencia de “terceros” en la zona.

María Espinosa, abogada y defensora de Derechos Humanos que respalda las acciones de la Comunidad Cofán, dijo que fue la propia Corte Constitucional la que seleccionó las sentencias del caso Sinangoe, para establecer jurisprudencia vinculante.

Esta primera audiencia en territorio indígena causo expectativa, incluso, en el exterior. El actor Leonardo Di Caprio calificó al hecho como histórico y pidió que sean los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador quienes decidan sobre sus territorios.

Para la audiencia se registraron más de 60 Amicus Curie, pero el tiempo no alcanzó para escucharlos a todos. La jueza Karla Andrade, ponente del caso, pidió que presenten sus argumentos por escrito, para incorporarlos al tratamiento del proceso.

Darío Borja, director de Patrocinio del Ministerio de Energía, recordó que la Asamblea Nacional no ha cumplido con su tarea de promulgar una ley sobre la consulta previa, libre e informada, que fije estándares y reglas claras. Mencionó que el Gobierno quiere “construir puentes”, ya que hasta ahora han existido “solo barreras”.

Defendió la idea del presidente Guillermo Lasso, de ampliar las zonas de concesión minera en el país, para “crear riqueza” y solventar las necesidades económicas. “No somos enemigos”, dijo, e insistió en la oportunidad de desarrollo que habría detrás de estos proyectos.

También participaron en la audiencia, pero desde Quito y mediante videoconferencia, delegados del Ministerio de Ambiente, de la Agencia de Control y Regulación Minero, así como de la Procuraduría General del Estado.

En la diligencia estuvo presente Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien hace pocos días participó en el segundo episodio del diálogo con el presidente Lasso. El dirigente reiteró su pedido de derogar los decretos con los que el Gobierno estableció los planes de acción petrolero y minero y ratificó su posición de defensa del territorio y en contra del extractivismo.

Pasadas las 15:00, los magistrados emprendieron su retorno a la capital. No se conoce la fecha en la que se emitirá la jurisprudencia vinculante de este caso.

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