Un enredo jurídico envuelve a la candidatura del exalcalde Jorge Yunda. Si bien, sobre él pesa una sentencia de segunda y definitiva instancia por la que perdió sus derechos políticos, hasta este viernes 6 de enero del 2023, la misma no está ejecutoriada.
El goce de derechos políticos es uno de los requisitos que los candidatos deben cumplir, tanto para postularse como para ejercer un cargo público. Y Yunda, quien fue removido de la Alcaldía en junio del 2021, los perdió por tres años.
Esa decisión de primera instancia emitida por el juez electoral Ángel Torres, fue ratificada en agosto del 2022 por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Ante eso, la defensa del exalcalde interpuso un recurso de ampliación y aclaración que, hasta el día de hoy, no ha sido resuelto.
Sin ese pronunciamiento no se puede dar por ejecutoriada la sentencia. El último intento por resolver el tema ocurrió el 22 de diciembre pasado. La reunión fue convocada pero finalmente se suspendió.
El verdadero dilema está en sí debe o no pronunciarse el TCE, teniendo en cuenta que el juez sustanciador, Richard González, advirtió que la sentencia con la que se sancionó a Yunda fue redactada presuntamente por un empleado del Municipio de Quito.
Hay que recordar que quien impulsó la causa en contra del exburgomaestre fue el actual alcalde, Santiago Guarderas. Él empezó el proceso antes de que la Corte Constitucional (CC) dirimiera en última instancia el si Yunda debía o no seguir en la Alcaldía de Quito.
Para entender el tema hay que remitirse a tres hechos: la decisión del TCE sobre la infracción de Yunda, la resolución del juez González y los escenarios para la candidatura del exalcalde.
La sentencia
Guarderas recurrió al TCE para que esa entidad tome una decisión respecto a lo que consideraba un irrespeto a lo resuelto por el órgano de justicia electoral. Esto en relación a la remoción de Jorge Yunda. El exalcalde regresó a la Alcaldía tras la sentencia del TCE con el amparo de una acción de protección.
La Corte Constitucional resolvió el tema después de que el mismo Guarderas presentara una acción extraordinaria de protección. Así, Yunda dejó definitivamente la Alcaldía. Sin embargo, la denuncia por infracción electoral puesta por el ahora Alcalde, siguió su curso en el TCE.
En primera y segunda instancia, el TCE resolvió quitarle los derechos políticos a Yunda. Esto ocurrió a días del inicio de la inscripción de las candidaturas para las seccionales del próximo 5 de febrero. Sin embargo, el recurso de ampliación y aclaración impidió que se considere ejecutoriada.
El juez González
Como juez sustanciador, González emitió una decisión en la que alertaba que el documento de la sentencia tenía como autor a Diego Zambrano, quien fue parte de la defensa de Guarderas en la causa.
González, en una decisión posterior, emitida el 2 de septiembre del 2022, ordenó que se envíe a la fiscal Diana Salazar una fotocopia del proceso. También determinó que se haga lo mismo, pero para remitirla a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional.
Para Christian Hernández, parte de la defensa de Yunda, la sentencia no solo tiene pendiente el pronunciamiento sobre el recurso de ampliación y aclaración, sino también el de nulidad. Sin embargo, plantea que tras la denuncia sobre la elaboración de la sentencia, el TCE no puede pronunciarse.
Este último punto es importante porque sería lo que juega a favor de la candidatura de Yunda. De acuerdo con el experto en Derecho, Esteban Ron, la sentencia no se encuentra ejecutoriada todavía por la suspensión ordenada por el juez sustanciador.
Un criterio similar tiene Diego Cevallos, integrante del colectivo Gobernanza Ec. Dice que, en tanto González no decline esa posición, difícilmente se despachará la ampliación y aclaración.
Sin embargo, Cevallos puntualiza que González no tenía una base legal para tomar la decisión que tomó. Lo que correspondía, dice, era responder el recurso en el plazo establecido, sin perjuicio de que se tomen otras medidas legales.
En este escenario, Hernández señala que no hay impedimento para que, en caso de que Yunda gane las elecciones, pueda posesionarse.
Los escenarios
Este enredo puede derivar en dos escenarios. El primero es que, hasta que se promulguen los resultados de las elecciones 2023, el TCE no se pronuncie sobre el recurso pendiente. Así, no habría impedimento para la posesión.
Según Ron, lo ideal desde la perspectiva de votación con certeza es que antes del día de las elecciones se sepa si el candidato tiene o no sus derechos políticos vigentes. Esto porque saber si puede posesionarse o no, en virtud de una posible pérdida de derechos por tres años, puede cambiar la perspectiva del voto.
El otro escenario es que el TCE se pronuncie. Teniendo en cuenta que la aclaración y ampliación no cambia la sentencia, el que quede ejecutoriada impediría que Yunda asuma un cargo por no tener derechos políticos.
En ese caso, el Código de la Democracia y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), señala que quien debe asumir el cargo es quien el Concejo Metropolitano designe como vicealcalde. No hay norma que estipule que el segundo en votación deba asumir la dignidad, según Ron.
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