José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), un organismo internacional que vela por los Derechos Humanos en todo el mundo. El martes 29 de mayo del 2018 él se reunió con el primer mandatario de Ecuador, Lenín Moreno; la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas; y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, Julio César Trujillo.
En entrevista con EL COMERCIO, Vivanco habló sobre los compromisos del Gobierno, la situación del periodismo en Ecuador y la frontera norte.
¿Después de un año de Gobierno de Lenín Moreno, cuáles son sus diferencias con el anterior Régimen?
La reunión (con Moreno) estuvo centrada en reconocer los progresos en materia de libertades públicas, principalmente libertad de expresión y derecho de asociación.
Hoy día el ambiente que se respira, en lo que tiene que ver con libertad de expresión por parte de los medios de comunicación y periodistas es muy distinto de lo que existía durante el mandato de (Rafael) Correa. Un gobierno que se caracterizó por promover la censura, reprimir y perseguir a medios independientes y periodistas.
En cambio el gobernante Lenín Moreno se caracteriza por su actitud tolerante frente al debate público y la promoción del pluralismo.
En cuanto a sociedad civil, también hemos podido constatar que hay una actitud mucho más respetuosa y constructiva frente a organizaciones importantes de la sociedad civil. En el pasado, en cambio, la regla era la persecución y la hostilidad por parte de un gobernante como Correa que se dedicaba deliberadamente a intimidar a importantes dirigentes y organizaciones sociedad civil en Ecuador.
¿Cuáles fueron los compromisos de Lenín Moreno durante su encuentro con la delegación de HRW?
El presidente Lenín Moreno no se ha quedado solo en un discurso o en una actitud más abierta que su antecesor. Él incluso ha promovido legislación, como la Ley de Comunicación, que se ha presentado ante la Asamblea. Esta elimina los aspectos más nefastos de la ley de Correa, como es la Supercom, el linchamiento mediático, entre otros. Tiene unas reformas muy positivas que van a repercutir indudablemente en un mayor espacio para el ejercicio de la libertad de expresión.
Aún hacen falta perfeccionar ese proyecto de reforma porque de lo que hemos conocido parece que subsisten posibilidades de control del contenido de lo que produzcan los medios de comunicación. Hablamos con el Presidente precisamente sobre eso. Valoramos lo que se había hecho, celebramos la reforma propuesta a la Asamblea, pero también le dijimos que aún existían retos, modificaciones que eran necesarias introducir en el debate en el Parlamento. Él nos invitó a participar del proceso. Esperamos poder comparecer en la Comisión en la Asamblea y presentar tanto verbalmente como por escrito nuestros puntos de vista en relación al proyecto de reforma de la Ley de Comunicación.
¿Y cuáles fueron los compromisos sobre la libertad de asociación?
En cuanto a sociedad civil, el Decreto 16 que regulaba las funciones de la sociedad civil durante el Régimen anterior, contenía una serie de restricciones inadmisibles al ejercicio de la sociedad civil. Eso fue sustituido en octubre del 2017 por parte del presidente Lenín Moreno que también elimina los peores conceptos de la regulación de Correa, pero todavía subsisten algunos problemas que deben ser corregidos.
Se los presentamos al Presidente y en general se mostró con una gran receptividad. Se mostró muy abierto a seguir impulsando reformas que acerquen a Ecuador a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Sobre la libertad de expresión y de prensa, usted dijo que estos son fundamentales para la sociedad. ¿Cómo garantizar estos derechos ante hechos de violencia como el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de EL COMERCIO?
Los riesgos que corre el periodista al realizar tareas de investigación en regiones de América Latina donde hay narcotráfico, donde opera el crimen organizado, donde hay mafias, donde hay grupos irregulares organizados, como es el caso de la frontera entre Ecuador y Colombia, son riesgos reales y muy graves, muy serios. Sin embargo, la experiencia vivida por Ecuador no tiene precedentes. El que un grupo irregular armado haya secuestrado a unos periodistas y luego haya intentado negociar su liberación a cambio de una serie de demandas que no se les cumplieron, no recuerdo casos en Colombia donde esos periodistas hayan terminado siendo asesinados por el grupo.
Usualmente es posible persuadirlos de la liberación de los periodistas o de cualquier tipo de rehenes, capturar a los cabecillas o negociar alguna solución. En este caso, lamentablemente creo que este grupo actuó con una crueldad que no estamos acostumbrados en América Latina.
En esto no hay que confundirse. La responsabilidad principal por las muertes, por el maltrato, por la crueldad recae sobre los hombros de estos grupos irregulares armados. Es evidente que el Gobierno, tanto de Colombia como el de Ecuador, tienen que hacer todo lo posible por capturar a los responsables de esos hechos y por entregar a los familiares de las víctimas los cuerpos de estos periodistas.
Hablando de Colombia. ¿Cómo ve usted el proceso de paz, después de que tuvo que ser suspendido en Ecuador y ahora se efectúa en La Habana?
Me parece que fue una decisión justificada y oportuna, porque el ELN y cualquier grupo irregular armado no puede pretender participar de unas negociaciones de paz y continuar delinquiendo y cometiendo abusos como si nada. Como si las negociaciones fueran indefinidas y no influyera la conducta de estos grupos en la posibilidad de avanzar con unas negociaciones de paz.
Creo que hizo muy bien el Gobierno del presidente Lenín Moreno en suspender la cooperación con ese proceso. Porque nosotros hemos constatado que, por ejemplo, en el Chocó cómo el ELN continúa cometiendo graves abusos que incluyen secuestros, asesinatos, desplazamientos, reclutamientos de menores. Es decir violaciones básicas al derecho internacional humanitario, y aun así creían que podían seguir impunemente negociando en Quito un eventual acuerdo de paz.
En muy importante alcanzar un acuerdo de paz con estos grupos irregulares, pero no puede quedar la impresión de que su conducta en el campo no cuenta a la hora de decidir si esas negociaciones de prolongan o no.
El 27 de mayo del 2018 se llevaron a cabo la votación presidencial en Colombia que se definirán en junio. ¿Cómo afectará la elección a Ecuador?
No tengo comentarios al respecto. Nosotros no emitimos conceptos en medio de campañas electorales. Además, que mi opinión sería meramente especulativo. Lo importante es que ese proceso se cumpla con transparencia, sin violencia. Creo que hasta ahora ha sido ejemplar la muestra de espíritu cívico de los colombianos.
Entre algunos de los puntos que HRW ha señalado en Ecuador se encuentran el abuso a menores de edad, la situación en las cárceles y la salud reproductiva de las mujeres. ¿Cómo están estos temas con el nuevo Gobierno?
Lo que hemos constatado es que sigue creciendo la población carcelaria. Pero no tenemos, y deberíamos actualizar nuestra información respecto a las condiciones carcelarias, el hacinamiento y las políticas que se están desarrollando. Ahí hay un área que debemos darle seguimiento.
Y otra es lo que tiene que ver con salud reproductiva, la posibilidad de que las mujeres en Ecuador puedan tener una decisión, puedan hacer opciones cuando se enfrentan por ejemplo a un embarazo que es producto de una violación, cuando la vida o la salud de la madre está en peligro, o cuando la vida del feto no es viable. Todas esas materias, que quedaron interrumpidas en el pasado cuando se intentó modificar el Código Penal para despenalizar algunas de estas hipótesis, el gobierno de Correa en términos absolutamente recalcitrantes impidió que avanzaran. Espero que las nuevas condiciones permitan retomar esos temas.