
La Contraloría General del Estado estableció el periodo del 15 de julio al 15 de agosto de 2026 para cumplir con la declaración patrimonial jurada obligatoria. Este proceso es esencial para todos los servidores y trabajadores del sector público.
Desde el 15 de julio, todos los funcionarios deben actualizar su declaración patrimonial jurada. Esta medida busca asegurar la transparencia, fomentar la ética en la administración pública y prevenir actos de corrupción.
La obligación legal se ampara en el artículo 231 de la Constitución y otras normativas relacionadas.
Para completar el proceso de actualización de manera exitosa, el funcionario deberá seguir estos pasos obligatorios dentro del portal institucional:
La normativa vigente incluye disposiciones específicas para los servidores catalogados como Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Estos funcionarios deberán anexar información adicional según lo estipulado en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos.
Las áreas de Talento Humano serán las encargadas de notificar a quienes pertenezcan a esta categoría. La Contraloría enfatizó que el incumplimiento dará lugar a sanciones establecidas en la ley.
❓ ¿Cuál es el plazo máximo para realizar la declaración patrimonial?
El plazo final es el 15 de agosto de 2026. La Contraloría General del Estado inició este proceso el 15 de julio, otorgando un periodo de un mes para que todos los servidores públicos cumplan con esta disposición legal.
❓ ¿Qué costo tiene el trámite de actualización patrimonial?
El trámite es totalmente gratuito para todos los servidores y trabajadores del sector público. Este servicio se realiza exclusivamente a través del portal institucional de la Contraloría, por lo que no se deben aceptar solicitudes de pago por parte de terceros o gestores.
❓ ¿Qué se debe registrar en el campo “DESDE” del formulario?
Se debe registrar la fecha del primer nombramiento o contrato en la institución correspondiente. Es un error común colocar la fecha de la última acción de personal; el sistema requiere la fecha del inicio de la relación laboral original para un control correcto de la evolución del patrimonio.
❓ ¿Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP)?
Son servidores públicos que, por sus funciones o cargos, están sujetos a controles adicionales bajo la Ley de Prevención de Lavado de Activos.
Los funcionarios clasificados como PEP deben incluir información adicional en su declaración, siguiendo las regulaciones vigentes desde el 29 de julio de 2025.
❓ ¿Qué sucede si un servidor público no cumple con la actualización?
El incumplimiento de esta obligación conlleva a las sanciones previstas en la normativa legal vigente del país.
La Contraloría General del Estado ha advertido que verificará el cumplimiento de esta disposición, por lo que los servidores deben realizar el trámite dentro del plazo estipulado para evitar consecuencias administrativas.