
La Contraloría General del Estado Ecuador detectó supuestas inconsistencias patrimoniales en jueces constitucionales.
El proceso inició con una revisión técnica de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. Es un procedimiento habitual dentro de las auditorías de la Contraloría.
Sin embargo, aseguró la Contraloría, al contrastar la información con registros bancarios y financieros, surgieron “los auditores de la Contraloría General del Estado (CGE) encontraron inconsistencias que no pasaron desapercibidas“.
La Contraloría aseguró que esa información derivó en un examen especial más profundo que abarcó el período 2020-2025.
Dentro de los resultados, la auditoría de la Contraloría Ecuador a jueces constitucionales identificó supuestas inconsistencias relevantes en los casos analizados.
En particular, se detectaron supuestos ingresos no justificados, omisión de cuentas bancarias y falta de respaldo documental en movimientos financieros.
En el caso del primer juez, la Contraloría dijo que se evidenciaron más de 70 794 dólares en ingresos supuestamente sin justificar.
Entre los principales hallazgos estarían la no declaración de tarjetas de crédito ni de derechos de propiedad intelectual. Supuestamente hay omisión de cuentas en sus declaraciones patrimoniales.
Además, se evidenciaron supuestas inconsistencias en la declaración de bienes inmuebles, con valores inferiores a los registros catastrales.
Por su parte, el análisis sobre el segundo juez reveló diferencias tanto en el ámbito nacional como internacional (Chile), según la Contraloría.
Supuestamente hubo omisión de una cuenta bancaria activa en su declaración. También, un crecimiento patrimonial superior a 413 000 dólares entre 2020 y 2025, principalmente por la adquisición de un inmueble, dijo la Contraloría.
Otros hallazgos son supuestos depósitos sin respaldo en cuentas nacionales e internacionales y aportes no justificados a un fondo de pensiones en el extranjero.
Los informes de Contraloría fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado. Esta instancia deberá determinar si existen méritos para iniciar acciones judiciales.
Mauricio Torres, contralor general del Estado, aseguró – en Radio Centro- que la Contraloría General del Estado ejecuta exámenes patrimoniales a jueces de la Corte Constitucional.
Él dijo que tres auditorías ya concluyeron, otras tres están en ejecución y tres más se iniciarán. “Este examen se viene realizando desde el 2025, no es algo nuevo”.
Torres destacó que el envío de un informe con indicios de responsabilidad penal no implica una sanción inmediata ni la renuncia obligatoria de los jueces. “Todavía no está en investigación; la Fiscalía determinará si hay o no enriquecimiento ilícito”.