La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), presentó una nueva denuncia penal en la Fiscalía. Esto, frente a la conformación de una comisión para investigarla con fines de destitución en el Pleno.
El coordinador jurídico del Parlamento, Santiago Salazar, lo confirmó este miércoles, 27 de abril de 2022. Adujo que el Pleno no podía ni conocer ni tratar, ni resolver, sobre esta comisión porque se encontraban vigentes unas medidas cautelares obtenidas por Llori el pasado 5 de abril en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
Salazar explicó que la Fiscalía deberá investigar si se cometió el presunto delito del incumplimiento de decisiones emitidas por autoridad competente. Según el art. 282 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), esto se sanciona con una pena de dos a tres años de cárcel.
El funcionario aseguró que puede efectuarse una investigación previa. A pesar de que el art. 128 de la Constitución dice que los asambleístas gozarán de fuero de Corte durante el ejercicio de sus funciones y no serán civil ni penalmente responsables por sus opiniones ni decisiones en la Asamblea.
Llori remitió esta denuncia a las 16:00 de ayer, a la misma hora que el Pleno fue convocado a la sesión 772, donde Marcela Holguín, de Unes, pidió cambiar el orden del día para integrar dicha comisión, lo que fue aprobado por 93 asambleístas.
Arrogación de funciones
Se trata de la segunda vez en menos de un mes que la Presidenta recurre a este organismo. El 8 de abril presentó una denuncia penal en contra el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), y de Ronny Aleaga (Unes) y Darwin Pereira (PK), a quienes acusó de usurpación de funciones.
Sobre esta primera acción, Saquicela informó que fue notificado el pasado 19 de abril para que designe un casillero.
Audiencia
A las 14:30, de este miércoles 27 de abril, Saquicela junto a Esteban Torres (PSC) y otros asambleístas acudirán a la Unidad de la Familia del sector de la Mariscal, en Quito, donde tendrá lugar la audiencia por una acción de protección presentada por Llori.
Ambos señalaron que allí defenderán la resolución con la cual una mayoría del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó la denuncia presentada por Torres para que Llori sea investigada por incumplir funciones.
Salazar, por su lado, advirtió que esperan que la jueza “emita una sentencia a favor de la presidenta cuya reparación integral sería dejar sin efecto esas decisiones del CAL. En el caso de que eso suceda también la sesión de ayer del Pleno sería nula”, aseveró. Adujo que en este organismo se violó la seguridad jurídica y el debido proceso.
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