El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo Número 467 el 27 de noviembre de 2024, mediante el cual se remite a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial de la Constitución.
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La iniciativa busca modificar los artículos 110 y 115 de la Carta Magna con el objetivo de eliminar la asignación de recursos públicos a partidos y movimientos políticos, entre otras disposiciones relacionadas con el financiamiento y la promoción electoral.
Esta propuesta cuenta con la calificación previa de la Corte Constitucional, que mediante dictamen resolvió que cumple con los límites y procedimientos para una reforma parcial establecidos en el artículo 442 de la Constitución.
De aprobarse en la Asamblea Nacional, la reforma será sometida a un referéndum constitucional, según lo establece el procedimiento legal.
Modificación del artículo 110
El proyecto propone sustituir el artículo 110 de la Constitución para eliminar la obligación del Estado de asignar recursos económicos a partidos y movimientos políticos. Con la nueva redacción, estas organizaciones se financiarán únicamente con aportes de afiliados, adherentes y simpatizantes.
Además, se establece que los movimientos políticos que obtengan al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en dos elecciones pluripersonales consecutivas mantendrán su registro y derechos, en igualdad de condiciones con los partidos políticos.
En cuanto al artículo 115, la reforma busca prohibir el uso de recursos e infraestructura estatales, incluyendo la publicidad gubernamental, para la campaña electoral. También se dispone que el Estado garantice la promoción equitativa de todas las candidaturas a través de los medios de comunicación, fomentando el debate público.
La propuesta incluye sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas en este artículo. También como mecanismos de control para garantizar el adecuado uso de los recursos y evitar la propaganda electoral indebida.
Procedimiento legislativo y referéndum
El Decreto Ejecutivo instruye a la Asamblea Nacional a tramitar la propuesta conforme al procedimiento establecido en el artículo 442 de la Constitución.
Una vez aprobada por el órgano legislativo, deberá ser sometida a un referéndum constitucional, en el que la ciudadanía decidirá sobre su implementación.
Este decreto entrará en vigor a partir de su suscripción y lo publicarán en el Registro Oficial para conocimiento público y tramitación legislativa.
Medidas para combatir el financiamiento ilícito en campañas electorales
Aunque el Decreto Ejecutivo elimina el financiamiento público a partidos y movimientos políticos, no aborda directamente el problema del financiamiento ilícito en las campañas electorales.
Para enfrentar este desafío, el CNE y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) suscribieron, el pasado 19 de noviembre, un convenio interinstitucional. Este acuerdo está destinado a prevenir y erradicar este tipo de prácticas durante las Elecciones Generales de 2025.
Este acuerdo permitirá un control más riguroso de las transacciones financieras de candidatos y organizaciones políticas.
Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, esta colaboración refuerza el compromiso de garantizar elecciones libres de influencias ilícitas.
José Julio Neira, director de la UAFE, destacó que analizarán con rigurosidad las cuentas bancarias antes, durante y después de la campaña. Esto con la finalidad de identificar y bloquear cualquier intento de infiltración de recursos provenientes de actividades ilícitas como el lavado de activos.
