Los asambleístas del correísmo y del PSC abandonaron la sesión en la que la Comisión de Fiscalización discutió el informe relacionado a las operaciones del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) y una empresa vinculada al colombo venezolano Álex Saab en Ecuador.
Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova, del bloque de UNES, además de la socialcristiana Soledad Diab, se conectaron mediante videoconferencia, pero se retiraron poco después de intentar por dos ocasiones que se aplace la resolución este viernes 10 de diciembre del 2021.
El argumento fue que el borrador del documento lo habían recibido 24 horas antes de la sesión y que no tuvieron tiempo de analizarlo para presentar sus observaciones, pero los demás integrantes de la mesa no estuvieron de acuerdo.
Cuando se abrió el debate solo quedaron el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (Ind.), la vicepresidenta, Ana Belén Cordero (Creo), y los independientes Bruno Segovia y Pedro Velasco, tampoco estuvo Marco Troya (Ind.). Al cierre de esta nota (16:20), la sesión continuaba.
Después de seis meses de investigaciones, la Comisión concluyó que el Sucre fue utilizado para crear una estructura delictiva transnacional donde se habrían cometido los delitos: peculado, lavado, enriquecimiento ilícito, defraudación aduanera, etc. Cuando había sido concebido como un sistema de pagos, que fue creado en 2009 por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez.
Por eso, entre las recomendaciones constan: un exhorto al presidente Guillermo Lasso para que denuncie el tratado constitutivo del Sucre, del que además de Venezuela y Ecuador forma parte Bolivia, Cuba y Nicaragua, que la Fiscalía ecuatoriana continúe las investigaciones, y remitir el expediente a la justicia de EE.UU.
Para llegar a estas conclusiones, la operación de la empresa Fondo Global Construcciones (Foglocons) se convirtió en la punta del ovillo. La firma pertenecía a Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y quien enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, de las 81 empresas que usaron el Sucre, apenas una se encuentra activa actualmente. Las demás se encuentran inactivas, en liquidación o cancelaron su participación en este sistema, aunque este todavía se encuentra activo.
Las alertas del Banco Central del Ecuador saltaron en 2013, cuando el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, registró exportaciones totales por USD 461,4 millones, mientras que las exportaciones a través del Sucre totalizaron USD 822 millones, dice el informe.
La Comisión de Fiscalización logró obtener referencias de las instituciones públicas del Ecuador, que establecieron que la mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el sistema Sucre, eran ficticias y sobrevaloradas.
En total, este sistema movió USD 2 697, 51 millones, lo que pudo tener un alto impacto en la dolarización de la economía ecuatoriana, apunta al señalar que “el Banco Central del Ecuador, por orden del Banco Central Venezolano, transfirió a los bancos operativos del Ecuador, recursos que a los pocos días fueron transferidos desde nuestro país hacia paraísos fiscales, y a los Estados Unidos”.
“Esto obliga a una la inmediata investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que permita determinar la existencia de perjuicios e impactos al sistema jurídico y económico ecuatoriano; y, consecuentemente, comunicar a las autoridades judiciales internacionales de los países que recibieron las transferencias de estos activos de origen ilícito, las mismas que mediante operaciones y transacciones financieras tenían como objetivo dar apariencia de licitud a los actos delictivos”.
La Comisión también recomendó a las autoridades de la Función Electoral investigar aportes de USD 70 000 por parte de la esposa del tesorero de Saab y del colombiano Álvaro Pulido, de Foglocons, a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glas en 2013. En su momento, fue denunciado como el caso Arroz Verde.
“Micaela Leherer Alarcón aportó en dinero y especie a la campaña electoral de Rafael Correa con Jorge Glas como su binomio en 2013 (…). El nombre de Leherer trascendió porque sus aportes se hicieron públicos, pero entonces no se sabía nada de su compañero sentimental, uno de los principales beneficiarios de las exportaciones ficticias”, añade.
El informe se compone de 125 páginas y contiene información proporcionada por entidades como el BCE, la Superintendencia de Bancos, Compañías, entre otras instituciones.