Luego del Decreto 741, firmado por el presidente Guillermo Lasso, este miércoles 17 de mayo de 2023, con el que se activó la muerte cruzada y se disolvió la Asamblea Nacional, el Estado podría ahorrar más de USD 33 millones en los egresos destinados al poder Legislativo.
Según reporta el Ministerio de Economía, de los USD 31 503 millones correspondientes al Presupuesto General del Estado para este año, la Función Legislativa tuvo una asignación de USD 51,4 millones.
Hasta el martes 16 de mayo, la entidad ejecutó alrededor de un 18% de este valor, unos USD 17,7 millones.
De los USD 33,7 millones restantes que no utilizó la Asamblea, alrededor de USD 29 millones corresponden a salarios de los legisladores de los meses faltantes y USD 4,6 millones a bienes y servicios que no fueron demandados.
Solo en gastos de personal, la entidad recibió para este año USD 44 millones, de los cuales se han cancelado cerca de USD 15 millones entre enero y abril. Los salarios se dividen entre el personal administrativo, los 137 legisladores y los 548 asesores personales.
Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, aseguró que los montos que no sean destinados este año para la Función Legislativa serán direccionados a los sectores de salud, educación y seguridad.
USD 13 000 por asambleísta
El sueldo de un asambleísta es de USD 4 759. Además de esto, reciben beneficios de ley como décimos, vacaciones y afiliación al IESS.
Los legisladores perciben también compensaciones mensuales por movilización, vivienda, plan de Internet y plan celular.
Los miembros de la Asamblea tienen derecho a dos asesores con salarios de USD 3 014 y USD 2 454, según su nivel. Adicionalmente, dos asistentes pueden ser solicitados con un pago de USD 1 394.
Por asambleísta, el Estado solo en egresos por personal podría ahorrarse en promedio más de USD 13 000 mensuales.
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