Diana Salazar, la fiscal general del Estado, obtuvo el pronunciamiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre su juicio político.
Ayer, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), informó que la Procuraduría General del Estado había dado el visto bueno para que ese organismo legislativo trate el tema y resuelva.
Más noticias:
Fueron cinco votos a favor y dos abstenciones en el CAL de las correístas Esther Cuesta y Viviana Veloz.
Diana Salazar y su embarazo provocaron la votación en el CAL
El CAL acogió la propuesta del asambleísta Jorge Acaiturri (PSC) para suspender temporalmente la sustanciación del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar.
La motivación de los asambleístas fue la noticia del embarazo de la fiscal general y la información adicional que proporcionó Kronfle, con la documentación remitida por Salazar, de que era un embarazo de alto riesgo.
Diana Salazar enfrente un proceso de juicio político en trámite, desde noviembre de 2023, presentado por la asambleísta correísta, Gissela Garzón, con la causal de incumplimiento de funciones.
Garzón presentó, dentro de esta causal, trece motivaciones, entre la que constan sus actuaciones en varios casos de corrupción y su gestión administrativa.
Diana Salazar y el proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, donde ya estaba en trámite el proceso de juicio político, la asambleísta correísta Pamela Aguirre, señaló que se daría una sesión los últimos diez días de mayo de 2024, para que la mesa conozca este tema.
Mientras, otra solicitud de juicio, presentada por el correísta Héctor Valladarez, aún ni siquiera es aprobada por el CAL.
Esta solicitud tiene tres motivaciones, dentro de la causal de juicio político, entre las que está una “supuesta” relación de complicidad con el prófugo y exasambleísta correísta Ronny Aleaga.
El juicio en contra de Diana Salazar podría quedar para el siguiente período
A los asambleístas de este período legislativo les queda un poco más de un año para concluir sus funciones.
Diana Salazar no informó cuánto tiempo de gestación tenía y se desconoce si, en este mismo período legislativo, los asambleístas de la Comisión de Fiscalización alcanzarán a emitir un informe para que pase al Pleno de la Asamblea.
Los funcionarios públicos puede ser enjuiciados políticamente hasta un año después de concluir sus funciones. Si ya no están en funciones, pueden ser censurados, aunque ya no destituidos.
Noticia en desarrollo…