El pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la arbitrariedad de la destitución de la Corte Suprema de Justicia en el 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, ha servido para recordar al poder político y a la ciudadanía que las ilegalidades, en el derecho internacional, prácticamente se vuelven imprescriptibles. Aunque el trámite suele ser muy largo, sí se aplica la máxima de que la justicia tarda, pero llega.
Así, las arbitrariedades del pasado o del presente pueden revertirse, y las acciones fundadas en el poder temporal se relativizan en el tiempo frente a las instancias externas. En este caso, habrá que esperar todavía lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la mayoría de ocasiones da prelación a los derechos humanos.
Ahora se sustancia un juicio con demandas desmesuradas contra el ex editor de Opinión y tres directivos del diario El Universo, por un artículo que provocó una querella del presidente Correa. Los acusados, a más de rechazar la penalización de la opinión y la inédita figura de la “autoría vinculante” por una opinión firmada, se declararon en la indefensión porque se les impidió presentar pruebas y testigos. Su caso puede terminar en instancias internacionales.
Lo llamativo es que el artículo que motivó el juicio recuerda, a propósito del 30-S -que se ha vuelto la madre de todas las batallas y un punto de honor presidencial- que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Cuando se trata de derechos humanos, la lógica jurídica es bastante distinta a la lógica política.