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‘Desenfunda el revólver y le pega el tiro’; la Defensoría del Pueblo de Ecuador rechaza esa declaración y exige rectificación al Gobierno

La Defensoría Pública exige una rectificación de las expresiones realizadas por Marcos López. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Defensoría Pública exige una rectificación de las expresiones realizadas por Marcos López. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Marcos López, delegado del poder Ejecutivo a la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, durante un debate se refirió al papel de la Fuerza Pública. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Institución Nacional de Derechos Humanos ha expresado por escrito que “rechaza de manera categórica” las declaraciones de Marcos López, delegado del poder Ejecutivo en la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, quien en un debate radial sobre la reforma económica del Gobierno de Ecuador hizo referencia a la Fuerza Pública de Chile, tras las jornadas de protestas de octubre.

Durante la entrevista, transmitida en vivo la tarde-noche del lunes 21 de octubre del 2019, López enfatizó que nadie puede irrespetar a las instituciones: “Ojalá fuéramos aquí como en Chile; cuando no se respeta a un carabinero, desenfunda el revólver y le pega el tiro y se acabó”.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en un comunicado oficial fechado el 31 de octubre, “exige una rectificación de las expresiones realizadas por Marcos López, pues no se dieron a título personal, sino en representación de una Función del Estado, mismas que en cualquier contexto representan una incitación a la violencia”.

En el comunicado, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, recuerda que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica que la limitación al ejercicio de las potestades públicas son los derechos fundamentales”.

“Reconocemos que, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, las instituciones tanto militares como policiales tienen como objetivo, en el marco de sus competencias, garantizar la seguridad pública y ciudadana. Esas atribuciones, indispensables para la consolidación de un Estado de derechos, deben ser ejercidas con responsabilidad, respetando el derecho a la vida y la integridad de todas las personas”, agrega el Defensor del Pueblo.

Entre el jueves 3 y el domingo 13 de octubre del 2019 Ecuador fue escenario de protestas en contra del Decreto 883, una de las medidas económicas planteadas por el Gobierno frente a la situación financiera del Estado. Ese Decreto, que eliminó los subsidios del diésel y de la gasolina extra, fue derogado el lunes 14 de octubre.

Esos 11 días de manifestaciones dejaron víctimas mortales, heridos y detenidos en el país. Al finalizar el paro, el Ministerio de Gobierno anunció un registro de siete fallecidos, seis de ellos en el contexto del paro. El 1 de noviembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) documentó nueve muertes por las protestas y declaró tres días de duelo nacional. Hubo más de 1 340 heridos, al menos una decena con perdida de ojos.

Las declaraciones de Marcos López se viralizaron en las redes sociales durante la última semana. Un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una misión especial de la Organización de Naciones Unidas se encuentran en el país “para evaluar específicamente la actuación de la fuerza pública durante el paro nacional de octubre de 2019”, dice la Defensoría.

“En casos ampliamente conocidos como Tibi o Zambrano Vélez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las fuerzas del orden deben actuar, frente a cualquier persona, de manera proporcional y racional, es decir, tomando en cuenta tanto la intensidad del ataque como la inexistencia de medidas de control diferentes al uso de armas letales o no letales. De ahí, que el Estado ecuatoriano ya ha sido condenado internacionalmente por vulnerar estos principios”, advierte.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo “exhorta a todos y todas las servidoras públicas a evitar la emisión de mensajes que promuevan el odio o la violencia. La Institución Nacional de Derechos Humanos está convencida de que, más aún en estos momentos, el Ecuador necesita un ambiente de diálogo, paz y plena garantía de los derechos humanos”.

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