El asambleísta de Pachakutik y primer vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), Darwin Pereira, rechazó que se lo pretenda involucrar en otro caso de supuesta gestión de cargos públicos, tras la difusión de unos chats en los que uno de sus asesores enumera puestos “para la gente leal”.
Pereira aseguró que pedirá la renuncia de su colaborador y aseguró que en su despacho “no ha pasado” esta conducta por la cual la segunda vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, enfrentará un proceso disciplinario.
“Yo estoy pidiéndole a mi asesor que dé la cara y que dé una explicación al respecto. Yo no tengo control sobre los mensajes que ellos envían, no puedo controlarlos los teléfonos, no es mi derecho y en contexto yo lo que sí veo es una persecución política”, sostuvo.
Pereira aseguró que esta situación no frenará sus tareas fiscalizadoras al Gobierno. “El ministro al que yo le haya pedido un cargo que hoy mismo me lo diga y me lo diga en mi cara y se lo diga al país”.
“Yo no tengo porqué ocultar. No me voy a ocultar, no le voy a mentir a este país”, agregó el legislador y dijo que está dispuesto a que la Fiscalía General investigue sus conversaciones telefónicas y cuentas bancarias, incluidas las de sus familiares.
Pereira cree que esto se debe a su actitud de fiscalizar al Ejecutivo, después de que el martes pasado impulsó una resolución para que la ministra de Agricultura, Tanlly Vera, rinda cuentas ante el Pleno por la crisis en el agro.
Sin embargo, Diego Ordóñez, asambleísta de Creo, rechazó esas insinuaciones. “Los avivatos a los que les descubren en sus chats o de sus asesores, en vez de justificar sus culpas se declaran perseguidos por el Gobierno”, tuiteó.
Además, en declaraciones a este Diario, Ordóñez sostuvo que en el Parlamento hay sectores que defienden sus intereses económicos personales, en busca de que el Estado fije precios de algunos productos. “Lo que hubo aquí fue una confesión de intereses económicos que atraviesan la representación política”, apuntó.