El Gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea se vuelven a enfrentar por otro veto total a un proyecto de ley aprobado.
El presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de Ley Reformatoria a varias leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador, la Ley ESSE.
El 6 de junio, el Pleno de la Asamblea aprobó con 74 votos afirmativos La Ley Reformatoria a varias leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador, conocida como Ley ESSE.
El objetivo de este proyecto era fortalecer el sistema de seguridad social a través de nuevos mecanismos de inversión y transparencia en su funcionamiento.
Entre otras cosas, este proyecto planteaba transparentar las inversiones del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
El veto total del Gobierno de Daniel Noboa a Ley de Seguridad Social
El Gobierno de Daniel Noboa señala que la reforma de la Asamblea no es aplicable para la gestión del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
Esto, porque se contrapondría a las normas de sigilo bancario y bursátil que le corresponde por tratarse de una entidad financiera.
La Asamblea proponía que el proyecto legal es la publicación de todas y cada una de las inversiones del Banco a detalle.
Daniel Noboa señaló que el proyecto no contempla el desempeño actual del Biess y no toma en cuenta que es competencia de la Junta de Regulación Financiera.
Como la de emitir el marco regulatorio de la banca pública y regular las actividades financieras del sistema nacional de seguridad social.
El veto también señala que publicar la información del Biess, como lo establece el proyecto, se contrapone al principio de reserva y sigilo sobre los activos de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas.
La respuesta de la Asamblea al veto total del Gobierno de Daniel Noboa
La Asamblea, en un comunicado, señaló que el veto total del Gobierno a este proyecto es “un nuevo golpe del Ejecutivo a los bolsillos de los afiliados y jubilados”.
“Hoy, el gobierno del presidente Daniel Noboa decidió, al igual que en administraciones anteriores, que los dineros que pertenecen a los afiliados y jubilados siga manteniéndose como ‘caja chica’ del Gobierno Central”, señala el comunicado.
La Asamblea agregó que seguirán trabajando por devolver sus derechos a más de 3 700 000 afiliados y, aproximadamente, 800 mil pensionistas.