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La investigación de la Fiscalía, conocida como caso Ligados, involucra a exconsejeros y una actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por presunta asociación ilícita.
El caso se vincula a la fallida ratificación de Raúl González como superintendente de Bancos y ha desencadenado allanamientos, medidas judiciales y nuevas diligencias en la Corte Nacional de Justicia.
En julio de 2022, el Cpccs designó a Raúl González como superintendente de Bancos. Sin embargo, una acción de protección presentada por la ciudadana Michelle Guerra derivó en que la jueza Larissa Ibarra declarara la nulidad del nombramiento.
González apeló y obtuvo medidas cautelares que permitieron su posesión en la Asamblea Nacional el 11 de agosto de 2022, con 70 votos. Posteriormente, esas medidas fueron revocadas.
En diciembre de 2022, el Cpccs designó a Roberto Romero von Buchwald para el mismo cargo. Su posesión se concretó finalmente el 27 de enero de 2025, después de varios retrasos.
Días antes, el consejero Augusto Verduga propuso volver a nombrar a González, citando una sentencia de la Corte Constitucional que no afectaba designaciones posteriores. La propuesta fue aprobada por los votos de Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz y el propio Verduga.
El 24 de enero de 2025, la Fiscalía General del Estado allanó el edificio del Cpccs en Quito. Se incautaron celulares, computadoras, documentos y un disco duro del que luego se extrajeron audios que revelaron intentos de influir en designaciones de cargos públicos.
El consejero Verduga forcejeó con la policía para evitar la retención de su teléfono.
El TCE destituyó a la ‘Liga Azul’ del Cpccs por infracción electoral. Sus reemplazos deberán ser posesionados por la Asamblea. Detalles 👇https://t.co/7NE3TXph8t pic.twitter.com/jfyXhrV8Gi
— El Comercio (@elcomerciocom) February 3, 2025
En redes sociales, Verduga y Saltos denunciaron una supuesta persecución política. Verduga alegó que la Fiscalía actuó por presión del gobierno y la banca, y afirmó que el allanamiento buscaba criminalizar su postura.
El 15 de marzo de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra Verduga, Saltos, Franco Loor y Bonifaz por presunta asociación ilícita. La audiencia se realizó en la Corte Nacional por el fuero de los consejeros. El juez Marco Aguirre impuso medidas cautelares: prohibición de salida del país y presentación periódica ante la CNJ.
Verduga no cumplió con la medida de presentarse cada 15 días. En un video publicado el 6 de mayo, dijo estar en México como refugiado y alegó amenazas contra su vida.
Solicitó integrarse al sistema de protección a testigos, pero la Fiscalía se opuso. La jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva y solicitó una notificación roja a Interpol.
El 19 de mayo, la Fiscalía solicitó la vinculación de Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González a la causa por presunta asociación ilícita. La audiencia está prevista para el 4 de junio de 2025 a las 09:00.
#ATENCIÓN | #CasoLigados: #FiscalíaEc solicitó que se fijen fecha y hora para la audiencia de vinculación de Andrés A. G., Raúl G. C. y Esther C. S. a la causa en la que se investiga el presunto cometimiento del delito de #AsociaciónIlícita. pic.twitter.com/c9Hd4OBkMe
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 19, 2025
El caso Ligados sigue abierto y se mantiene bajo reserva. La información extraída de los dispositivos incautados será clave para determinar responsabilidades y eventuales nuevos procesamientos.
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