El anuncio del recorte presupuetario a la educación superior provocó protestas. Foto: EL COMERCIO.
La jueza Carmen Corral, integrante de la Corte Constitucional (CC), convocó a la audiencia por la demanda de incumplimiento de dictamen o sentencia, que ingresaron varias organizaciones sociales y docentes universitarios debido al recorte presupuestario a más de 32 instituciones de educación superior públicas de Ecuador, en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus.
La magistrada fijó la convocatoria para el jueves, 28 de mayo del 2020. Además, dispuso que la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), el Consejo de Educación Superior (CES) y el Ministerio de Finanzas se pronuncien, en forma documentada, sobre los hechos señalados en las demandas. El plazo para que cumplan con esta disposición vence el miércoles 20 de mayo.
Santiago Machuca, docente de la Universidad Central y uno de los juristas que interpuso la demanda, recordó la noche de este lunes, 18 de mayo del 2020, que la Corte Constitucional emitió medidas cautelares, en las que se ordenó al Ejecutivo suspender la realización de modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior públicas.
Sin embargo, la Corte aclaró que esa decisión no suponía una decisión de fondo sobre la demanda. Previamente, el Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, había notificado un recorte de más de USD 98 millones.
Machuca explicó que la magistrada Corral convocó, dentro de la causa 34-20-IS y otras causas acumuladas- por demandas idénticas presentadas días después- a la audiencia pública para el 28 de mayo. La Jueza, en el documento de notificación, adelantó que la diligencia se efectuará de manera telemática y que oportunamente se darán a conocer los detalles logísticos.
Los peticionarios esperan que la Corte Constitucional emita una decisión de fondo y prohíba al Ejecutivo la realización de cualquier recorte a la educación superior. El jurista indicó que la Constitución, en su artículo 165, señala que durante el Estado de Excepción se pueden utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
Según Machuca, para la audiencia la Corte Constitucional deberá convocar a los demandados, en este caso, al presidente de la República, Lenín Moreno; al ministro de Finanzas, Richard Martínez; y a los representantes de la Procuraduría General del Estado. Asimismo, deberán asistir los ciudadanos que ingresaron ‘amicus curie’ dentro del proceso.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló este lunes 18 de mayo del 2020 que el régimen respetará cualquier decisión que adopte la Corte Constitucional.