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Contraloría revela que en Hospital de Guayaquil hubo millonarias adquisiciones eludiendo procedimientos de contratación

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se realizaron adquisiciones por más de USD 17 millones eludiendo procedimientos de contratación. Foto: Archivo EL COMERCIO

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, se realizaron adquisiciones por más de USD 17 millones eludiendo procedimientos de contratación. Así lo revela un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General del Estado. 

De acuerdo con el organismo, se utilizó la figura de convenios de pago para adquisición de medicamentos e insumos médicos, con precios referenciales superiores a los del mercado y eludiendo los procesos regulares establecidos en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).  

El informe de auditoría estableció que, entre enero de 2018 y julio de 2020, en el hospital -del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social– se autorizaron convenios de pago por un total de USD 17 508 578 para las adquisiciones. 

La modalidad de convenios de pago en contratación pública se emplea para cumplir obligaciones imprevistas, que requieren respuestas institucionales urgentes en circunstancias que impiden el desarrollo de las fases de contratación señaladas en la ley. 

El informe del examen especial realizado por la CGE, aprobado en mayo de 2021, señala que no se justificó el uso recurrente de esta figura excepcional y que los productos se compraron con precios superiores a los del mercado, a distribuidores no autorizados.  

Se optó por emplear convenios de pago para cubrir obligaciones sin respaldo contractual por USD 8 879 963 y USD 8 628 615, derivadas de órdenes de compra de medicamentos y dispositivos médicos, respectivamente.  

Con respecto a los fármacos, según Contraloría, los funcionarios del hospital no realizaron estudios para determinar los precios referenciales en el mercado e invitaron a personas naturales para que presenten proformas. Al no ser distribuidores autorizados, no ofertaron los precios más convenientes, ocasionando que los costos finales se incrementen hasta en un 5.350%, lo que en términos económicos representa USD 4 823 149.  

Además, los proveedores seleccionados tampoco adjuntaron documentación que permita verificar su experiencia, cumplimiento de requisitos técnicos, financieros y legales para contratar con el Estado, origen lícito de los medicamentos entregados, Certificado de buenas prácticas de manufactura, Certificado sanitario de provisión de medicamentos, ni el compromiso de cancelar el costo de los análisis de control de calidad.  

En cuanto a los insumos, el equipo de control concluyó que entre enero y agosto de 2018 los funcionarios del Hospital eludieron, en seis casos, los procedimientos de contratación pública.  

Al igual que con los medicamentos, el presupuesto de las adquisiciones se estableció a partir de proformas remitidas por proveedores que no eran distribuidores autorizados para vender los productos médicos y no se analizó la cantidad de existencias en bodega, para identificar las necesidades reales del hospital.  

Las omisiones originaron que se comprometan recursos económicos sin que se fundamente la necesidad de los insumos, ni se precise el plazo para su consumo.  

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