Contraloría y CNE se enfrentan por pedido de remoción de Presidenta y dos consejeros

Un examen especial predetermina destituir a la Presidenta del CNE y dos consejeros. Fotos: Archivo EL COMERCIO

El bloque de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el contralor General del Estado, Pablo Celi, están enfrentados. Desde ayer corren los 30 días de plazo que tienen los consejeros para presentar sus descargos, referentes al informe de seguimiento en el que la Contraloría predeterminó su destitución y una multa de USD 7 880.

La instancia argumenta que los vocales electorales Diana Atamaint, Esthela Acero y José Cabrera no cumplieron siete de 19 recomendaciones, entre ellas, dejar sin efecto la inscripción de los movimientos Fuerza Compromiso Social (correísmo), Libertad es Pueblo, Justicia Social y Podemos.

Contraloría predeterminó esas responsabilidades administrativas, ya que con los votos de Acero, Atamaint y Cabrera se permitió que los movimientos conserven su personería jurídica. En un examen previo, de agosto del 2019, el ente de control detectó inconsistencias en el proceso de verificación de firmas para inscribir a esas tiendas políticas. Celi sostiene que los consejeros incumplieron mandatos constitucionales y legales.

Incluso, ayer se habló de una “intromisión” de Celi en el proceso electoral, hecho que podría ser catalogado como una infracción, una vez que el calendario de los comicios está en marcha.

“Contraloría ha cumplido estrictamente una responsabilidad, no se ha intervenido ni en las funciones del CNE y no se ha entrado en el campo electoral”, precisó el Contralor, con lo que rechaza que haya injerencia. Además, insistió en que no se aprobó un examen contra los partidos y movimientos políticos, sino que es examen administrativo al cumplimiento de la norma electoral.

Diana Atamaint, presidenta del CNE: ‘Destituciones de la Contraloría no están en firme’

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aclaró que los consejeros de mayoría no han sido destituidos y que están enfocados en el proceso electoral del 2021, aunque todavía no hay definiciones sobre el presupuesto y el pedido de cambio del calendario.

Recomendaciones
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La Presidenta del CNE argumentó que existen “contradicciones” en las recomendaciones de Contraloría, pues señaló que en un primer informe se pidió al Pleno del organismo electoral realizar acciones para vigilar la situación legal de los cuatro movimientos señalados, respecto a su inscripción y personería jurídica. Agregó que eso sí cumplió el CNE y precisó que no hubo votos en contra en el Pleno del organismo.

Mientras que en el segundo informe de seguimiento, según los consejeros del CNE, la Contraloría recomienda dejar sin efecto la inscripción de los cuatro movimientos, tras haberse encontrado irregularidades en el proceso de calificación de firmas, mediante el cual obtuvieron su personería jurídica para participar en los procesos electorales.

Intromisión en comicios
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El bloque de mayoría advierte que existe “una clara intromisión” de Contraloría en el proceso electoral en marcha. No descartaron tomar acciones en el Pleno. Según el artículo 279 del Código de la Democracia, se considera una infracción grave cuando una autoridad o funcionario extraño a la Función Electoral interfiere en el funcionamiento de ese poder del Estado. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es la instancia jurisdiccional que determinaría si hubo o no la infracción, que incluye sanciones como multas, destitución y/o suspensión de derechos de participación, de dos hasta cuatro años, en contra del funcionario que interfiera.

Destitución
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La titular del CNE apunta que la predeterminación de responsabilidades administrativas que expone la Contraloría aún no está en firme, ya que incluso está sujeta a una decisión posterior, en una instancia jurisdiccional, que, según la Ley, es el Tribunal Contencioso Administrativo. Los consejeros prefirieron no hablar de un eventual escenario de destitución, pero la Presidenta cree que el informe de Contraloría contiene “una potencial sanción desproporcionada”.

Situación del CNE
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Atamaint pidió a las autoridades y sus instituciones que “no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos, que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”. Además, solicitó que los esfuerzos de Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se “haga eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto a CNE”.

Pablo Celi, Contralor General del Estado: ‘El Contralor del Estado no es un actor político’

El contralor Pablo Celi mencionó que desde el lunes se desplegó una campaña para presentar recursos legales contra la institución que dirige, en diferentes niveles del sistema judicial, por los recientes exámenes aprobados.

Recomendaciones

Cree que no existe contradicción en las recomendaciones, pues son dos exámenes diferentes. El primero se refiere a la auditoría de un sistema informático para el registro de organizaciones políticas, que estableció inconsistencias en la inscripción de cuatro movimientos. Se recomendó vigilar la situación legal de estas agrupaciones.

El segundo examen, aprobado el jueves último, es de seguimiento al cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones del examen anterior, precisó Celi. En el texto se señala un incumplimiento, en la medida que en el Pleno del CNE se adoptaron resoluciones que permiten que las cuatro organizaciones continúen escritas.

Intromisión en comicios
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Según Celi, sería una situación “insólita y absurda” sancionar a una autoridad por el cumplimiento de sus funciones y hacer lo que la Ley le obliga a cumplir. Dice que la Contraloría ha cumplido estrictamente una responsabilidad y que no ha intervenido en las funciones del CNE ni ha entrado en el campo electoral.

“No creo que en el CNE ni en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) exista la base legal ni el fundamento para ir contra otra autoridad porque cumplió sus funciones”, señaló. El Contralor sostiene que se ha procedido a una predeterminación de destitución, pues es el mandato constitucional y la norma que rige al CNE, que es incumplida.

Destitución
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Sobre una posible apelación a la destitución del bloque de mayoría del CNE ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Celi apuntó que no puede adelantar criterios respecto de la actuación de otras instancias del Estado. “Lo que sí debo es velar que las decisiones de la Contraloría, en cualquier instancia en la que estas se encuentren, se deban cumplir. La Contraloría, con el primer y segundo informe, está coadyuvando a que el CNE cumpla su responsabilidad”.

Situación del CNE
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Celi asegura que, como Contralor, no es un actor político. “No tomo decisiones por cálculo político, no puedo actuar en función a las reacciones de las decisiones de Contraloría”, comentó. Reconoce que el CNE es la máxima autoridad electoral y dice que sería grave que se “invoque a derechos adquiridos, violando una norma expresa”, en relación a lo que señaló el consejero Cabrera, quien dijo que los cuatro movimientos señalados ya adquirieron “derechos y obligaciones”.

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