En medio de acusaciones y polémica, finalmente el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) aprobó el reglamento para el concurso de méritos y oposición con el que se designará al nuevo Contralor.
Pese a que la norma se aprobó al borde de la medianoche del domingo-con cruces entre consejeros- ya se tiene más claridad del perfil que podría tener el futuro titular de la Contraloría General del Estado, para los próximos cinco años.
Desde el 2017, cuatro personas han estado al frente de ese ente de control. Uno con carácter de titular y los otros tres a manera de subrogación.
De ellos, dos fueron profesionales del derecho: Carlos Pólit, actualmente prófugo de la justicia; y Valentina Zárate, exsubcontralora.
El excontralor subrogante, Pablo Celi, quien está detenido en la Cárcel 4, es doctor en Ciencias Internacionales y Filosofía. Mientras que Carlos Riofrío, actual encargado de la Contraloría, es funcionario de carrera, con una ingeniería comercial registrada.
La presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, mencionó que el reglamento busca que el próximo contralor sea un profesional técnico, con antecedentes de lucha contra la corrupción.
El excontralor Juan Carlos Faidutti cree que el titular de esa instancia debe ser un profesional que acredite honororabilidad, corrección y capacidad. Aunque dice que esas cualidades no siempre se las va a determinar en un concurso.
El vicepresidente del Consejo, David Rosero, señala que los postulantes no deberán haber sido directivos de organizaciones políticas registradas en el CNE, en los últimos cinco años. Tampoco podrán postular quienes hayan desempeñado cargos de elección popular en el mismo lapso.
En el reglamento consta que la formación académica se valorará sobre 15 puntos. En ese apartado tendrán más méritos quienes acrediten títulos de cuarto nivel en Derecho, Economía, Administración, Auditoría, Finanzas, Ingeniería Comercial, Administración Pública y Gestión Pública.
Ese parámetro no varió, con respecto al reglamento del concurso del 2017.
Para este nuevo proceso se dará hasta cinco puntos por capacitaciones. En el 2017, en cambio, se otorgó hasta tres.
La experiencia laboral y profesional se valorará sobre 15 puntos. Se tomará en cuenta los puestos en el sector público, especialmente jerárquicos. También sumarán los roles en el ámbito privado. Se puntuará la docencia universitaria.
Sobre la experiencia específica, que también se evalúa sobre 15, se considerará que los participantes hayan liderado iniciativas de control gubernamental, indicadores de gestión, transparencia y lucha contra la corrupción.
Otros méritos que se toman en cuenta en el reglamento, valorados sobre cinco puntos, son las obras publicadas, artículos indexados, así como premios y reconocimientos.
El consejero, Francisco Bravo, criticó la forma en la que se aprobó el reglamento. Mencionó que hace dos semanas se aprobó un primer borrador, elaborado por una comisión técnica con delegados de los siete consejeros del Cpccs.
El Pleno decidió difundir ese articulado para recibir aportes ciudadanos. Pero los consejeros de mayoría decidieron reestructurar dicha comisión. Según Bravo no se sabe con certeza cuántos aportes hubo y critica que en el reglamento aprobado se hayan cambiado los puntajes de la fase de méritos. “Hicieron la de Cantuña. El pacto era que en tres horas iban a terminar el reglamento”.
El consejero Hernán Ulloa criticó la eliminación de la prueba oral práctica, que se trataba de resolver un caso ficticio, ante la comisión ciudadana, algo que constaba en el reglamento inicial.
Almeida argumentó que se eliminó la prueba oral práctica porque se prestaba a la subjetividad. “Queremos que las pruebas sean objetivas, no porque alguien les cae bien lo califican perfecto, para luego modificar el resultado final”.
Solo se mantiene la prueba de conocimiento, con 50 preguntas. Cada candidato tendrá un test diferente.
Germán Rodas, titular de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), pide que el concurso sea transparente. Cree que el próximo contralor debe tener probidad en su vida profesional y no tener vinculaciones con la Contraloría en los últimos 10 años. “Espero que esto no se convierta en una pantalla de acuerdos”, apuntó.
El plazo para que el Cpccs complete la designación de contralor es seis meses.
Las fases
Ya con el reglamento se solicitará a Finanzas el presupuesto del concurso. Se analiza un monto de unos USD 400 000, pero no hay definiciones.
Posteriormente se convocará a una veeduría ciudadana que seguirá todas las fases del proceso.
Se conformará una Comisión que evaluará los expedientes. Habrá cinco delegados de las funciones del Estado y cinco ciudadanos, seleccionados vía concurso.
Se hará la convocatoria oficial para recibir las postulaciones. El proceso durará unos seis meses.