Consejeros de Gobierno serán convocados a la Asamblea por uso de fondos públicos

Comisión de Transparencia llamará a comparecer a Consejeros del Gobierno, experto analiza que hay intención oculta. Foto: Captura de pantalla.

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional convocará para la próxima semana a comparecer a los Consejeros de la Presidencia de la República que son sujetos de control. El titular de la mesa legislativa indicó este 14 de agosto de 2022 que se investiga el presunto uso indebido de recursos públicos por parte de Consejeros bajo la figura ad honorem

Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión legislativa, informó que tras las últimas comparecencias del 8 de agosto del contralor Carlos Riofrío y de José Yunes, secretario general Administrativo de la Presidencia de la República, se han enviado requerimientos de información a la Presidencia y se espera un listado oficial de los Consejeros

“Esperamos la próxima semana realizar un llamado a los Consejeros Presidenciales que ya están en calidad de funcionarios público porque estos sí tienen una responsabilidad política, para realizarles ciertos cuestionamientos”, expresó el legislador de Unión por la Esperanza (Unes).  

Yunes informó a la Comisión que hasta ese 8 de agosto Aparicio Caicedo y Andrea Balda se encontraban registrados como Consejeros de Gobierno remunerados. Mientras que Luis Coloma, Rafael Cuesta Vallarino y Roque Sevilla se mantenían como Consejeros ad honorem. Pero el 12 de agosto Lasso suscribió el Decreto 526 que deroga al 213.  

El Decreto 213, emitido en octubre del 2021, designaba a Cuesta como Consejero ad honorem para la gestión y estrategia comunicacional de la Presidencia. Este Diario consultó al Ejecutivo si Cuesta recibirá el nombramiento o se modificará la figura ad honorem de Coloma y Sevilla, pero no hubo respuesta. 

Objetivos de la Comisión 

La Comisión integrada en su mayoría por legisladores de Unes, busca verificar los alcances y límites de los Consejeros ad honorem, si tenían seguridad Presidencial, si usaban vehículos del Estado o si tenían un espacio físico en el Palacio de Carondelet para determinar si hay o no un uso indebido de recursos públicos, según explicó Álvarez. 

El caso inició en la Comisión por las denuncias de Alejandro Gallo, exasesor de la expresidenta y actual integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Sofía Almeida. Se habló de presunta influencia de Caicedo en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección para el proceso de designación de la Contraloría. Galló compareció en marzo. Caicedo también fue convocado, pero no acudió. 

Respecto a la decisión de Lasso de derogar designaciones con la figura ad honorem, el politólogo Julio Echeverría dijo que debe ser entendida en el contexto de la necesaria transparencia de los procesos de gestión.  

“Estamos en un momento de seria desconfianza respecto del uso de los recursos públicos y creo que en ese contexto se entiende la operación del Presidente de la República. Es importante que se transparenten todos los procesos de contratación que tienen que ver con funcionarios vinculados a la gestión pública. Entonces, en ese contexto creo que es explicable que el Presidente haya derogado esa figura de la asesoría ad honorem”, evaluó Echeverría. 

Señaló que esta figura corresponde a un modelo de gestión donde lo que primaba era una confianza en torno a la administración de lo público, hacía referencia a un cargo honorífico y no se desconfiaba de la calidad moral y ética de las personas.  

Sin embargo, agregó que por la desconfianza hacia la política la figura ad honorem “ha dejado de tener vigencia en los actuales procesos de gestión. La política se ha convertido para muchos en un negocio y en algo que contradice el sentido de lo público”. 

Por otro lado, el Politólogo recordó que la mesa legislativa “ha estado funcionando en dirección a tratar de provocar la destitución del Presidente (Lasso), lo cual pone en sospecha o entredicho la investigación que se está llevando a cabo”.

Está de acuerdo con que se investigue lo que se relaciona con el uso de recursos público, pero advirtió que en este caso “parecería que hay una intención oculta que es justamente la de debilitar en todos los frentes la figura del Presidente, en dirección al objetivo de esta agrupación política”, la destitución. 

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Posted by El Comercio on Sunday, August 14, 2022

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