Augusto De la Torre, coordinador de la Comisión Ciudadana denominada Jubilación Segura, inició este 5 de julio del 2023 con la socialización del contenido de la propuesta de reformas al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En enero de este 2023, el presidente Guillermo Lasso dispuso la creación de esa Comisión para que haga un diagnóstico y realice propuestas de reformas.
La Comisión presentará en este julio la propuesta a Lasso y a la sociedad. El planteamiento no es oficial, no es vinculante ni para el Gobierno ni para el sector político, aclaró la Comisión. Sin embargo, espera que el texto sea discutido a fin de incorporar nuevos insumos que den paso a la redacción final de un proyecto de Ley.
De la Torre comenzó la presentación de la propuesta en la Universidad de las Américas (Udla). La Comisión asegura que con las reformas no habrá privatización del IESS, no se aumenta la edad mínima para la jubilación que es de 60 años. Tampoco se incrementa el porcentaje de aporte, no se merman los derechos de los actuales jubilados, ni de quienes están próximos a jubilarse, ni de la totalidad de los aportes hechos antes de la reforma por afiliados que están a medio camino.
El coordinador de la Comisión explicó que hay tres reformas principales. La primera que involucra una transición de los actuales requisitos de jubilación hacia otros nuevos, una transición lenta que tomaría 10 años.
Es decir, se mantiene la edad mínima de jubilación en 60 años, pero se aumentan gradualmente (seis meses por año) los años de aporte requeridos. De esta manera, en una década se llega a una tabla de requisitos mínimos para jubilarse.
Ejemplificó que actualmente una persona puede jubilarse con 60 años de edad y 30 años de aporte, después de 10 años de transición una persona podrá jubilarse a los 60 años de edad pero con 35 años de aporte. O por ejemplo, hoy se puede jubilar con 70 años de edad y 10 de aporte, pero en 10 años de transición una persona puede jubilarse con 70 años de dad pero 15 de aporte.
Mientras más tarde, en edad, se jubila una persona menos tiempo de aporte se calcula, puntualizó.
La segunda reforma es que se cambie la base con que se calcula la pensión. Actualmente se toman en cuenta los cinco mejores años de la jubilación, pero la Comisión plantea que se aumente un año de forma gradual. “Después de la reforma, el siguiente año se calculará con seis mejore años de la jubilación, después los siete”, y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años de mejor remuneración, explicó De la Torre.
Otra reforma es sobre la pensión vitalicia. De la Torre dujo que hoy en día, el Estado debe contribuir con el 40% de las pensiones (unos 2 200 millones anuales en 2023). Con la reforma, ese aporte se mantendrá, siempre y cuando no exceda el 3% del Producto Interno Bruto.
Mientras que en el sistema actual de pensiones el Estado subsidia el 40% de todas las pensiones jubilares, independientemente de su nivel y monto, en el nuevo sistema la pensión básica será de medio Salario Básico Unificado. Eso proporcionalmente será mayor para los jubilados de menores ingresos y menor para los jubilados de mayores ingresos.
La Comisión también propone crear dentro del IESS un Directorio del IESS-Pensiones, independiente, especializado en pensiones y separado del actual Consejo Directivo del IESS. El nuevo Directorio solo ejercerá gobernanza sobre invalidez, cesantía y seguro de desempleo.
Estará integrado por un representante de los jubilados, uno de los empleadores, uno de los trabajadores, dos miembros independientes, procedentes de la sociedad civil, y el delegado del Ministerio de Finanzas, quien no presidirá el Directorio.
De aprobarse la ley, daría un plazo de seis meses para que el Ministerio de Finanzas y el IESS acuerden el monto de la deuda pendiente por la aportación del 40% y establezcan un plan de pagos.
Los trabajadores independientes formales no estarán obligados a afiliarse al seguro de salud del IESS si demuestran que tienen un seguro médico privado.
Se modificará el Seguro de Desempleo para acercarle más a los estándares sugeridos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin mermar su sostenibilidad.
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