El pedido de juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta, María del Carmen Maldonado, pasará a resolución del Pleno sin un informe concluyente de la Comisión de Fiscalización.
En la mesa no hubo la mayoría (al menos cinco votos) que se requería para aprobar el informe presentado por su presidente, Fernando Villavicencio (Ind.), donde se recomendaba el archivo de este proceso por falta de motivos.
La moción alcanzó tres votos: Villavicencio, la vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero (Creo) y Marco Troya (ind.). Los tres asambleístas del correísmo y una del Partido Social Cristiano (PSC) votaron en contra.
Pedro Velasco se abstuvo por su relación familiar con uno de los jueces que fue removido por el Consejo de la Judicatura en 2019, y que es una de las causales que alude el correísmo para este proceso de interpelación.
Velasco reconoció que se trata del exjuez Édgar Flores Miel. “No tengo por qué ocultarlo. Él es mi cuñado”, dijo.
Bruno Segovia, asambleísta afín al excandidato presidencial de Pachakutik, Carlos Pérez, abandonó la comisión. El legislador sostuvo que hay causales del juicio político, pero fustigó que sectores políticos impulsen esta acción para captar la administración de justicia.
“Estoy convencido que hay causales para el juicio político, sin duda hay, pero es impresentable también que me presenten una terna de quién va a presidir el Consejo de la Judicatura, que tiene una trayectoria y filiación política, y eso no está bien”, puntualizó.
Los asambleístas de Unes intentaron presentar un informe, al señalar que el texto planteado por Villavicencio contenía imprecisiones y “una carga personal”, según dijo Roberto Cuero, uno de ellos.
“A mí me sobran razones y no necesito un fallo judicial porque tengo en el estómago, en el corazón y en la cabeza lo que pasó con mi familia”, respondió Villavicencio.
De acuerdo con el art. 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos, el presidente de la Comisión remitirá al presidente de la Asamblea, en el plazo de dos días, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político.