Debate Proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Foto: Flicr Asamblea Nacional
Al término del primer debate del Proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la mayoría de asambleístas que intervinieron durante el pleno de la Asamblea se mostró a favor de que este proyecto tenga una amplia socialización.
El pedido llegó a través de Sara Oviedo, coordinadora Nacional de la Coalición Contra el Abuso Sexual (Cocasen), y otros actores de la sociedad civil que participaron en este primer diálogo legislativo.
Durante su intervención Oviedo pidió que se les permita a los actores sociales y organizaciones “una participación en el proceso de socialización de la ley” y que se establezcan mecanismos que garanticen la participación de los niños, niñas y adolescentes en el debate.
Encarnación Duchi, presidenta de la comisión ocasional encargada de tratar temas y normas de la niñez, explicó que el nuevo Código de la Niñez fue trabajado durante 100 sesiones en la sede legislativa y en tres provincias, con la participación de actores del sistema de protección de derechos, sector público, organismos nacionales e internacionales, así como niños y adolescentes.
En su intervención, la asambleísta Duchi dijo que este proyecto legislativo pone énfasis en el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de protección de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, destacó que este sistema tendrá una estructura descentralizada, con el objetivo de viabilizar planes y acciones para garantizar la exigibilidad de derechos.
La asambleísta Verónica Arias se hizo eco de los datos que mostró Mauricio Bonifaz, representante del colectivo Compromiso Por la Niñez y la Adolescencia, entre los que citó los 2,6 millones de menores que viven en situación de pobreza.
Arias advirtió que actualmente los niños y adolescentes son sujetos de derecho amparados en la Constitución y otras normas, pero que en la realidad son un grupo poblacional que carece de acceso a servicios básicos o medios y herramientas tecnológicas para educarse.
En su intervención Dallyana Passailaigue destacó la correlación directa que existe entre el Estado, la familia y la sociedad en la protección de niños, niñas y adolescentes. La legisladora afirmó que mientras no se garantice el desarrollo pleno de la niñez no se podrá combatir las amenazas contra niños y adolescentes.
Freddy Alarcón pidió un análisis más exhaustivo sobre la tabla de pensiones alimenticias con el objetivo de proporcionarle a este instrumento un enfoque que garantice el derecho de los menores. Mientras que William Garzón presentó observaciones a la figura de adopción en cuanto a la celeridad de procesos, pero que no pongan en riesgo el bienestar de los niños.
“Hoy más que nunca debemos construir una responsabilidad en la que los padres hombres son tan responsables y aman tanto a sus hijos como sus madres”, dijo Marcela Aguiñaga en referencia a la necesidad de que el nuevo cuerpo normativo equilibre el peso de la responsabilidad y derechos de ambos progenitores.
En esta etapa del proceso legislativo Rubén Bustamante señaló que es importante contar con la participación de más y nuevos sectores vinculados con la protección de derechos de la niñez y se sumó al pedido de los actores civiles para incluir en el debate a los niños y adolescentes. Para finalizar, Franklin Samaniego se comprometió a iniciar inmediatamente la socialización del proyecto desde el próximo 1 de julio, en el que invitó a participar a los niños y adolescentes, academia, organizaciones civiles y Estado.
Para la activista Oviedo, el proceso de socialización debería tener un plazo mínimo de cuatro meses, debido a las normas de restricción de eventos públicos que rigen por la pandemia por covid-19.