18 de August de 2011 00:01

La CIDH a favor de la Corte que fue destituida el 2004

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público ayer su respaldo a los 28 magistrados que fueron destituidos por el Congreso Nacional el 4 de diciembre del 2004. En la carta, la dependencia dice que “no se puede afectar a la independencia de la Función Judicial en forma alguna y peor con destituciones sin juicio previo”. Por lo que recomendó al Gobierno Nacional, hace un mes, fecha en que resolvió el caso luego de siete años, la restitución de los cargos de los funcionarios cesados, quienes tenían un nombramiento vitalicio.

Además, le sugirió una indemnización por daño económico y moral (sin especificar cuantías) y el pago de todas las remuneraciones que estos dejaron de percibir desde enero del 2005 hasta la fecha en que se efectúe.

Los 28 magistrados fueron destituidos de sus cargos la noche y madrugada del 4 de diciembre por el Pleno del Congreso Nacional del 2004.

En una sesión extraordinaria convocada por el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez. Nombrando al mismo tiempo un nueva Corte encabezada por Castro apodado como ‘Pichi’. Según los magistrados destituidos la creación de una nueva Corte, integrada por abogados en su mayoría del Partido Roldosista Ecuatoriano, la decisión provenía del cumplimiento de un compromiso entre Gutiérrez y el también ex presidente Abdalá Bucaram, entonces enjuiciado por peculado por la Corte Superior.

El fin supuestamente era declarar la nulidad del juicio penal para que Bucaram pudiera regresar al país y Castro declaró la nulidad de este y de los juicios también por peculado para el ex vicepresidente Alberto Dahik y Gustavo Noboa.

Poco después del regreso de Bucaram cayó la ‘Pichi’ Corte y el gobierno de Gutiérrez.

El 24 de diciembre, los magistrados afectados enviaron una carta dirigida a Santiago Cantón, de la Comisión Interamericana exponiendo la inconstitucionalidad del procedimiento.

En ese tiempo, cada magistrado ganaba USD 5 000 aproximadamente. “No es por la indemnización económica. Se violaron nuestros derechos y lo que exigimos fue un reconocimiento de orden moral”, según el ex juez Carlos Riofrío.

Los magistrados fueron designados en esas funciones de forma vitalicia por la sociedad civil a través de 30 colegios electorales. La destitución se dio bajo la interpretación de que fenecieron los períodos de los jueces elegidos. La resolución de la Comisión se dio a conocer hace un mes al Gobierno. Sin embargo, al no obtener respuesta se envió el caso a la Corte Interamericana para que esta dicte sentencia. El proceso de la demanda puede demorar hasta un año para que se convierta en condenatoria.

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