La Fiscalía indaga a los miembros de la veeduría ciudadana, que investigó los contratos de las empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente de la República, con el Gobierno.
Dentro de la indagación previa 170101811033729, abierta por un supuesto delito de atentado contra la fe pública, la fiscal María Elena Bayas dispuso que los veedores Pablo Chambers y José Quishpe, comparezcan mañana, bajo resguardo de la Policía, a rendir su versión. Además, les pidió a ambos que acudieran con sus abogados.
“No sabemos a que se debe ni cuál es la causación concreta”, dijo Chambers, al ser consultado por este Diario. “No vamos a acudir, porque nosotros fuimos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, somos un organismo amparado por la Constitución, no se nos puede investigar individualmente, es una acción descabellada”.
En febrero pasado, la Veeduría hizo público su informe sobre los contratos que las empresas de Fabricio Correa recibieron del Gobierno, cuyo monto superaría los USD 800 millones. En ese pronunciamiento también establecieron que el presidente Rafael Corea sí conocía de esas contrataciones. Eso ha sido desmentido por el Primer Mandatario, quien en varias ocasiones anunció que enjuiciaría a los veedores, aunque fue él quien pidió que se integrara la Veeduría.