Las denuncias en contra de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, por supuesta gestión de cargos públicos, serán investigadas por el Comité de Ética de esta Función del Estado.
La resolución se tomó este miércoles 25 de agosto de 2021 con los votos de la presidenta, Guadalupe Llori (PK), el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.) y los vocales Darwin Pereira (PK), Nathalie Arias (Creo), Johana Moreira (ID) y Ronny Aleaga (UNES).
Así, en un plazo de máximo 45 días el Comité de Ética deberá preparar un informe para resolución del Pleno, en donde una posible destitución de la legisladora dependerá de 92 votos.
Desde su despacho, Jiménez se presentó vía zoom para participar de la reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en calidad de autoridad de este organismo, y buscó desvirtuar las acusaciones presentadas en su contra por su excoideario Alejandro Jaramillo, ID; Victoria Desintonio, de UNES y el independiente Fernando Villavicencio.
Aleaga divulgó un escrito que la legisladora presentó al CAL en el transcurso de esta sesión para pedir el archivo de las denuncias, bajo el argumento de que se basarían en “conjeturas y elucubraciones de supuesta trama de corrupción que a la luz de la verdad es inexistente”.
El CAL no permitió a Jiménez que participara de esta votación, sin embargo, la ley no le impide que pueda seguir ejerciendo el cargo mientras se desarrollan las investigaciones.
Antes de que se instalara el CAL para decidir si el caso va al Comité de Ética, el coordinador de Creo, Juan Fernando Flores, llamó a Jiménez para que solicite una licencia sin sueldo para que se defienda de las acusaciones.
“Vamos a seguir insistiendo en eso porque consideramos que es lo pertinente. Así podría garantizar que realmente ella se pueda defender desde su rol como asambleísta y no como segunda vicepresidenta”, dijo a este Diario.
De su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que investiga más casos de asambleístas que gestionan cargos públicos y que espera que los afectados formalicen las denuncias. “Son casos de asesores y de los propios legisladores que están incurriendo en la vieja práctica de abuso de poder”.
Villavicencio agregó que ha pedido al Contralor “que me remita el estado de situación de todos los legisladores que tienen informes o expedientes en la Contraloría” en relación a glosas o informes de responsabilidad penal.
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