
El Pleno de la Asamblea aprobó este martes 7 de julio de 2026 la Ley de extradición con votos de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), la oposición Revolución Ciudadana (RC) y otras organizaciones representadas en el Legislativo.
La nueva Ley de Extradición, aprobada con 139 votos de ADN, RC, PSC, Pk e independientes, instrumentaliza la enmienda constitucional aprobada por la ciudadanía en abril de 2024. Este cambio busca fortalecer la cooperación judicial internacional y reforzar la lucha contra el crimen organizado.
El proyecto, que será enviado al presidente Daniel Noboa para su aprobación definitiva, tiene como objetivo principal consiste en acelerar el proceso de extradición tanto para connacionales como para extranjeros requeridos por otros países o por Ecuador.
Según el análisis técnico y jurídico realizado por la mesa legislativa, esta reforma integral a la Ley de Extradición constituye una respuesta necesaria frente a la complejidad del contexto nacional y al creciente desafío del crimen organizado transnacional.
La normativa moderniza el régimen del sistema de extradición ecuatoriano, incorpora definiciones y procedimientos adecuados, fortalece la actuación institucional de la Corte Nacional de Justicia y de la vía diplomática, amplía y precisa las garantías procesales, y establece reglas uniformes para la extradición activa y pasiva, eliminando vacíos que históricamente han obstaculizado la eficacia del Estado ecuatoriano en esta materia.
Durante el debate, que contó con la participación de 15 asambleístas, se señaló que se trata de modernizar una norma que, por más de dos décadas, no ha cumplido con su cometido; que esta legislación responde al reclamo ciudadano de contar con mecanismos eficaces para enfrentar la impunidad.
Además, se destacó que la ley proporciona herramientas para agilizar los procesos relacionados con delitos de carácter transnacional y delimita con claridad las responsabilidades de las fases administrativa y judicial de la extradición.
Rosa Torres (ADN), presidenta de la Comisión de Justicia que tramitó la iniciativa, explicó que se mantiene la prohibición del traslado a países que no garanticen los derechos fundamentales.
Además, también exceptúa del procedimiento de extradición a aquellos acusados por delitos políticos.
La iniciativa otorga al Presidente de la República la última palabra sobre la extradición de cualquier ciudadano, incluso si su criterio es contrario a lo que decida la Corte Nacional de Justicia.
A pesar del acuerdo en los votos, el debate no estuvo exento de enfrentamientos entre oposición y oficialismo, quienes mencionaron casos como Progen y Ronny Aleaga.