El debate sobre quién es el responsable de los hechos del 30 de septiembre ha tomado fuerza en los último días. Por un lado están las fallidas audiencias de apelación que la Fiscalía solicitó en los casos del mayor (r) del Ejército, Fidel Araujo y del coronel de Policía, César Carrión. El primero fue acusado de incitación a la rebelión y el segundo de supuesto magnicidio.
A esto se suma la denuncia del legislador Cléber Jiménez (Pachakutik) para quien el presidente Rafael Correa es culpable de lo que sucedió ese día. Mientras que el ministro de Defensa, Javier Ponce, ha desmentido que el Ejecutivo haya ordenado disparar durante la sublevación policial.
Con este escenario, hasta el momento, la tesis del Gobierno de que ese día ocurrió un intento de golpe de Estado no ha podido ser corroborada.
Pero ha surgido un nuevo elemento. En la audiencia desarrollada el lunes, el fiscal Gustavo Benítez, encargado de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, encontró elementos de una irrupción violenta en Ecuador TV y Radio Pública para generar un supuesto caos social.
En la audiencia presentó videos, testimonios y pericias. Que –según él- confirman el delito de sabotaje a un servicio público.
Para la defensa de los 13 ciudadanos acusados por esos hechos. hablar de sabotaje es un exceso. Ramiro Moreno, defensor de Galo Monteverde, dice que un delito de esa naturaleza se comete cuando se causa alarma colectiva.
Recuerda que ese día realizaron un reclamo de sus derechos y no fue con el propósito de causar alarma social, sino de “exigir un derecho a la libre expresión”.
Galo Monteverde recuerda que ellos ingresaron al canal público para exigir que se abriera la señal “para que todos los medios puedan informar”. Asegura que ha existido un manejo político del proceso y que ahora el Gobierno les quiere endilgar el delito de sabotaje y terrorismo para “justificar un golpe de Estado”.
Monteverde, quien fue militar, analiza que dentro de los procedimientos del Ejército, para realizar un ataque con fuerza especiales la orden debe venir del Ejecutivo.
El ex presidente Lucio Gutiérrez escribió en su cuenta de Twitter: “Sr. Fiscal investigue quién dio la orden de atacar el Hospital de la Policía el 30-S”. Él señala a Correa, al Ministerio de Defensa o al Alto Mando Militar.
Paúl Camacho, otro de los implicados, asegura que acusarles de ese delito es una exageración. Aduce que EcuadorTV pudo transmitir la señal y que jamás se la interrumpió. Por lo cual ese sabotaje no existe. “Es como querer juzgar un asesinato con el muerto presente en la audiencia”, dijo.
Por su parte, Paulina Martínez, abogada de Pablo Guerrero, dice que un síntoma de que el juicio fue político es que solamente hubo 13 personas acusadas, cuando ingresaron al canal muchas más.
“La Fiscalía ha dirigido su investigación contra 13 personas que están en contra del Gobierno”.
Sentencia del 30-S
Un año de prisión y multa de USD 40, por el delito de invasión de edificios públicos (Gobernación de Chimborazo) en el 30-S, impuso el Tribunal Segundo de Garantías Penales a cuatro empleados administrativos de la Universidad de Chimborazo.
La Fiscalía y los sentenciados: Lola Maldonado, Aníbal Oleas, Elías Yépez y Luis Carvajal, anunciaron que apelarán el fallo. El fiscal George Sotomayor pide una reclusión de tres a seis años