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Las acusaciones que afronta la asambleísta Norma Vallejo

Norma Vallejo durante una sesión del pleno de la Asamblea Nacional. Foto: Vicente Costales / EL Comercio

Norma Vallejo durante una sesión del pleno de la Asamblea Nacional. Foto: Vicente Costales / EL Comercio

Norma Vallejo durante una sesión del pleno de la Asamblea Nacional. Foto: Vicente Costales / EL Comercio

La Comisión Multipartidista integrada por Noralma Zambrano (AP), Ana Galarza (CREO) y Eliceo Azuero (BIN) citó para la tarde de hoy, martes 23 de octubre del 2018, a la asambleísta oficialista Norma Vallejo.

Vallejo, mediante un oficio, adelantó que no acudirá a esta instancia al señalar que no tiene competencia para investigarla por supuestos cobros indebidos a sus asesores.

La denuncia en el Parlamento fue presentada por Fabricio Villamar, de CREO, el pasado 10 de octubre, un día después de que Felipe Rodríguez, abogado de cuatro exasesores de Vallejo, hiciera lo propio en la Fiscalía.

Son por lo menos cinco delitos por los que han pedido que Vallejo sea investigada: concusión (artículo 281 del COIP), enriquecimiento ilícito (artículo 279), defraudación tributaria (artículo 298), y perjurio (artículo 270) y de peculado (artículo 278).

Entre las pruebas están un audio de más de tres horas en la que se la oye dialogar con sus asesores, que ayer fue escuchado por los comisionados, copias de chats y los testimonios.

Según Villamar, la asambleísta ha incurrido en dos prohibiciones que constan en el ordenamiento jurídico:

Primero.- Prohibición establecida en el artículo 127 numeral 1 de la Constitución y 163 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“Los asambleístas no podrán:
1. Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita; (…)

Segundo.- Prohibición establecida en el artículo 127 numeral 3 de la Constitución y 163 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa

“Los asambleístas no podrán:

3.- Gestionar nombramientos de cargos públicos;…”
Vallejo, en el escrito en el que desconoce la competencia de la Comisión Multipartidista, señala que “todo audio, video, conversación telefónica o mensaje de texto que sea presentado ante la Comisión deberá pasar por un test de convencionalidad y constitucionalidad; es decir: haber sido obtenido sin violación de procedimiento establecido en la ley”.

“Adicionalmente, deben ser validados y periciados por especialistas legalmente acreditados, quienes deberán verificar que no hayan sido alterados”.

Vallejo alega además que no comparece a la Comisión porque sus declaraciones públicas “podrían ser sacadas de contexto” y afectar su defensa en la investigación previa que adelanta la Fiscalía en su contra.