Redacciones Judicial y Machala
La oficina del fiscal Carlos Jiménez no tiene protección policial. Él encabeza la acusación contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, y no esconde el temor por su seguridad.
Su despacho queda en el centro de Nueva Loja, en un sector repleto de negocios y de un constante ajetreo de caminantes. En la entrada al edificio, solo un par de gendarmes vigila, pero ellos no revisan ni toman nota de las personas que ingresan a las oficinas de los vigilantes.
La versión del Canciller
El canciller Jaime Bermúdez , dijo ayer que “por instrucciones del Presidente de la República, estamos trabajando desde el mediodía con los ministros del Interior y de Defensa y sus equipos más consultas a expertos internacionales, en torno a las medidas que el Estado colombiano y el Gobierno de Colombia está tomando y va a tomar hacia adelante con respecto al tema”.
“Por supuesto, estamos muy atentos a trabajar con la Interpol para desvirtuar la posibilidad de una orden de captura. Como el Presidente lo ha dicho, se le extendió el pasaporte diplomático al ministro Santos para garantizar la inmunidad que corresponda en los países que corresponda”, dijo en un comunicado.
Jiménez dice que se ha pedido seguridad, pero que no ha sido escuchado. Él asegura que seguirá con la investigación contra Santos, quien, a su criterio, planificó, coordinó y ordenó la ejecución del ataque al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el caserío ecuatoriano de Angostura, en marzo del año pasado.
En ese operativo fallecieron 25 personas, entre ellas el ex líder de la guerrilla Raúl Reyes. Para el Fiscal, hubo un delito contra la vida, por eso pidió que sea detenido.
El juez primero de lo Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, aceptó el pedido y emitió una boleta de detención contra el ex ministro y uno de los hombres cercanos del presidente Álvaro Uribe.
Aunque emitió la orden el lunes, ayer llegó a la Policía en Quito. El director de la Policía Judicial, Rafael Yépez, confirmó la orden e informó que será repartida en los destacamentos del país y enviada a la Interpol para que la búsqueda sea mundial.
“Enviamos a la Secretaría General de la Interpol en Francia, para que califique si es o no procedente la difusión de captura a escala internacional. Si lo hacen, todos los países adscritos a la Interpol tienen que cumplirla. Pero si el organismo cree que no corresponde, tenemos que acatarlo”.
Colombia reaccionó a esa información. El presidente Uribe dijo que no dejarán que se toque a Santos, quien se encuentra en Londres. Además, aseguró que él posee un pasaporte diplomático.
“Desde que se supo la acción temeraria del juez ecuatoriano, elevamos nuestra queja ante Interpol y seguiremos trabajando en eso”, agregó el Mandatario, quien dijo que el juez ecuatoriano “usurpa” la justicia, porque “no tiene competencia para ello”.
En cambio, el presidente ecuatoriano Rafael Correa sostuvo que el Gobierno no influenció en la orden emitida por el juez de Sucumbíos. “Me siento con satisfacción de ver que nuestro sistema de justicia funciona. Es decir, hay un bombardeo cobarde, traicionero, criminal a territorio ecuatoriano y no pasa nada.
Que nuestra Fiscalía haya investigado y se haya iniciado un proceso en Sucumbíos me parece fabuloso”.