22 de agosto de 2019 00:00

Pamela Martínez también gestionaba cargos en el sector público

Édgar Molina, abogado de Pamela Martínez, en una de las diligencias judiciales. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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La información que los peritos obtuvieron de los correos electrónicos de Laura Terán también evidencia una supuesta injerencia de su jefa, Pamela Martínez, para gestionar puestos de trabajo en el sector público. Según el expediente judicial del caso Sobornos 2012-2016, la exfuncionaria hizo de intermediaria de amigos, familiares y personas identificadas con Alianza País (AP).

Dentro de estos archivos aparecen al menos cinco carpetas que contienen solicitudes planteadas por Martínez o por su asistente. En los correos se adjuntan las hojas de vida de decenas de aspirantes a funcionarios públicos.

En los más de 400 documentos a los que este Diario tuvo acceso hay pedidos de empleo planteados por Martínez a la Notaría del cantón Buena Fe, a los ministerios de Trabajo, Turismo, Industrias, al Instituto de Seguridad Social (IESS), a la estatal Petroecuador, al Instituto Ecuatoriano de Contratación Pública, etc.

Esas solicitudes fueron remitidas a jefes de departamentos.

Entre los cargos a los que postularon los recomendados aparecen direcciones financieras, jefaturas de áreas, secretarías generales, asistentes de servicios, entre otros.

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Martínez, por ejemplo, pidió al excandidato presidencial Iván Espinel, que en el 2013 se desempeñaba como funcionario del IESS, que contratara a una recomendada suya.

En otro correo, enviado a Petroecuador, pidió que a una de sus sobrinas la promuevan de asistente a Jefa de Comunicación, pues aseguró que ya ejecuta tareas de jefatura.

Martínez enfrenta acusaciones por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias dentro del caso Sobornos.

El Código Penal (art. 285) considera al tráfico de influencias un delito castigado con hasta 5 años de prisión. Este ilícito se configura cuando los funcionarios públicos o autoridades de elección popular se aprovechan de sus cargos para favorecer a terceros.

Según el expediente judicial, Martínez, quien fue exasesora del presidente Rafael Correa y exjueza de la Corte Constitucional, también sirvió de contacto para conseguir trabajo o viviendas a familiares de personas heridas durante la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010. La búsqueda de empleo se extendió a los miembros de un colectivo que apoyaba las manifestaciones del régimen de Correa.

En uno de los correos aparece la respuesta que un dirigente de ese grupo envió a Martínez. Señaló que no podía cumplir con el trabajo conseguido, porque el empleo interfería con sus actividades de formación política y para llegar al trabajo debía viajar al menos una hora. Por eso pide que se lo cambie a una institución pública. Martínez buscó trasladarlo al Ministerio de Turismo.

En otro caso, el 27 de agosto del 2012, Terán envió una carta con las palabras “privado y confidencial” en la cabecera del documento. Ahí solicitó al entonces Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, de “acuerdo a lo conversado”, reciba dos hojas de vida.

En los expedientes aparecen ‘e-mails’ en los que Martínez tuvo conversaciones electrónicas incluso con altos funcionarios del Estado que le pedían a ella ubicar a sus allegados.

El 23 de abril del 2012 dirigió una comunicación a la Presidencia de la Judicatura, para supuestamente justificar la demora en una contratación.

Ahí señala haber conversado con Correa para que proceda la contratación y que el beneficiario tenía que ingresar en la categoría A2, pero que todavía no lo había entrevistado.

En otro archivo hay firmas de personal que trabajaba en el Despacho de Presidencia.

Así piden a Terán encontrar trabajo para sus conocidos.

Además, hay una comunicación en la que el expresidente de la Corte Constitucional supuestamente solicita un consulado para un juez y un cargo público para la hija de una magistrada de ese Tribunal.

El abogado de Martínez, Édgar Molina, señaló que no se ha trazado una defensa sobre del delito de tráfico de influencias. Dice que tras la última audiencia de formulación de cargos “no se dieron a conocer los sustentos para tal acusación”.

En contexto

Dentro de las indagaciones por el caso Sobornos 2012-2016, Pamela Martínez es acusada por tres delitos. Uno de estos es tráfico de influencias. Entre los correos investigados se encontraron mensajes en los que ella buscaba empleo para terceros.

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