La Comisión de Fiscalización y Control Político recomendó iniciar un juicio político en contra de René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Comisión de Fiscalización y Control Político recomendó iniciar un juicio político en contra de René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ante un supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de contratación del seguro de todo riesgo petrolero.
Esta Comisión, mediante el voto unánime de ocho asambleístas presentes, decidió también remitir el expediente para la contratación de pólizas de seguros para Petroecuador a la Fiscalía y a la Contraloría. El objetivo es que estas entidades establezcan posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales, de las autoridades inmersas dentro de este proceso.
Según los miembros de la mesa, la contratación de las pólizas de seguro de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima de la empresa pública Petroecuador presenta irregularidades en las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución.
Por esto, los legisladores consideraron necesario que las autoridades de control, incluida la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, evalúen el cumplimiento de las disposiciones legales y si existen responsabilidades civiles, administrativas y penales de parte de los funcionarios que participaron en este proceso.
Jorge Enrique Lince, intendente nacional de Seguros, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, expresó que la extensión de cobertura de un contrato de seguros sí es posible, de acuerdo con la legislación vigente, siempre y cuando este mecanismo conste en una cláusula específica en el respectivo contrato y se cumplan ciertos requisitos.
Petroecuador cuenta con la extensión una póliza de seguro hasta el 4 de abril con la aseguradora Sucre. Esta cobertura se contrató luego de que la petrolera estatal dio de baja el proceso que impulsó mediante la figura de emergencia a fines del 2020, en el que resultó favorecido el consorcio integrado por Hispana y Latina.
Esta decisión se tomó ante las observaciones que realizó la Contraloría General del Estado a este proceso de contratación.
Por su parte, Hispana y Latina presentaron una medida cautelar ante una instancia judicial para dejar sin efecto la medida tomada por Petroecuador.
Este recurso fue aceptado, sin embargo, Petroecuador realizó un pedido de revocatoria que fue negado.
Ante este escenario, Hispana-Latina informó el 9 de marzo pasado que están a la espera de la firma estatal se pronuncie sobre la situación del contrato que mantenían con esta firma.