Reasignación del subsidio a combustibles va a 750 000 ecuatorianos
El PNUD impulsa reasignación de subsidios a combustibles, mientras que el Gobierno destinará USD 1 328 millones a este fin el 2022. Foto: Galo Paguay / El Comercio
Ecuador gasta mensualmente USD 250 millones en subsidios a los combustibles fósiles, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El pasado 27 de octubre, el organismo presentó tres informes, donde plantea que los recursos destinados a estos fines podrían usarse para incentivar el desarrollo a escala internacional.
Por eso lanzó un simulador para analizar las posibles repercusiones y oportunidades de la reasignación de estos subsidios; lo cual también podría liberar recursos para acelerar el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La herramienta señala que en Ecuador el 65,57% de la población total; es decir, 11 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Si se reasigna el 50% del dinero destinado actualmente a los subsidios, se podría beneficiar a 750 000 personas vulnerables o cubrir el 6.68% del ingreso mínimo garantizado por encima del umbral de pobreza, para este grupo social.
En este caso, el ejemplo considera que el Gobierno haga una transferencia en efectivo fija de USD 5,58 por día.
Si la reasignación es del 100%, el alcance de beneficiarios aumenta a 1 millón; al igual que incrementa la cobertura al 13.36% del ingreso mínimo para personas vulnerables.
Según el PNUD, los subsidios a los combustibles fósiles representan un gran porcentaje del producto interno bruto (PIB) de muchos países de ingreso bajo y medio.
Con la propuesta de la reforma, el organismo considera que los gobiernos pueden crear un margen fiscal “que pueda ser encauzado hacia la inversión verde, la rectificación de las externalidades ambientales y la mejora de los programas de protección social, especialmente a la luz de los efectos de la pandemia del covid 19”.
Para el PNUD, el éxito de la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles requiere un análisis detallado de las posibles repercusiones para asegurar que los sectores económicamente desfavorecidos de la sociedad y los sectores económicos que dependen de los combustibles fósiles no se vean afectados de manera desproporcionada.
