El presidente Rafael Correa, durante el Informe a la Nación 2016, anunció que enviará nuevamente el proyecto a la Ley de Herencias y Plusvalía. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
El Gobierno está próximo a enviar nuevamente el proyecto a la Ley de Herencias y Plusvalía, retirados el año pasado tras protestas ciudadanas.
El 24 de mayo del año pasado, el presidente Rafael Correa anunció que enviaría ambos proyectos a la Asamblea.
El proyecto de Herencias llegó al organismo legislativo el 5 de junio del 2015 con el nombre de la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza.
La versión inicial proponía incrementar el tope máximo del impuesto a las herencias del 35 al 77,5%. Además establecía que el tributo se empezará a pagar sobre herencias superiores a los 100 salarios básicos (USD 35 400). Actualmente, el tributo se paga por herencias que excedan USD 68 880.
El proyecto generó rechazo en algunos sectores y movilizaciones que se expresaron en movilizaciones en las calles de varias ciudades del país, el Régimen decidió retirarlos temporalmente y dar paso a un “gran diálogo nacional”.
El Ejecutivo realizó varios ajustes a la propuesta durante el debate del proyecto. Entre ellas, redujo la tarifa máxima al 45,7 % para los herederos directos (padres, hijos, abuelos, nietos), una exoneración para casas que sean para habitar de un valor de hasta USD 70 800 y la posibilidad de donar acciones a los trabajadores.
Luego, además, el Gobierno anunció que modificaría la tabla para que esta no se aplique a los bienes productivos y que la base exenta sería de 480 salarios y no 100 como inicialmente proponía.
Los cambios no dejaron tranquilos a constructores, que señalaron que las iniciativas legales generaron incertidumbre y pararon algunos proyectos de inversión. Tampoco detuvieron las movilizaciones.
Junto al proyecto de Herencias, el Mandatario remitió en junio del 2015 el proyecto de Ley sobre plusvalía. La iniciativa buscaba gravar con un impuesto del 75% a las ganancias extraordinarias en la venta de casas y terrenos urbanos, pero en el caso de estos últimos la iniciativa es que el tributo rija desde el 2020.
El actual Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) fija ya un impuesto a la plusvalía de hasta el 10%, que se cobra a la diferencia entre el avalúo municipal del bien y su valor comercial. Este se paga en el momento de vender el bien y aplica para todos los predios urbanos, incluidos terrenos.
En el caso de inmuebles, el Ejecutivo proponía un impuesto a la ganancia ‘extra’ para la segunda venta. La primera seguirá pagando el 10%.
Pero para terrenos urbanos baldíos la iniciativa planteaba un tiempo de transición de cinco años para no pagar la tasa del 75% cuando se trate de la primera venta.
Después de ese plazo deberán cancelar el 75% de las ganancias extras, que para el Gobierno son ilegítimas.
Finalmente, el presidente Correa anunció el 21 de junio que retiraba temporalmente los proyectos y daba paso a un diálogo nacional, que fue liderado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Casi un año después de eso, el 24 de mayo del 2016, Correa dijo que enviará nuevamente estos proyectos y añadió que cuando decidió retirar estos cuerpos legales del Legislativo hizo un llamado al debate nacional en donde pedía que los sectores de oposición le demostraran si esas normativas afectarían a los más pobres. “No pudieron demostrar nada porque todo era falso”, aseguró Correa.