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Liberalización controlada del precio de derivados e importanción de combustible, desde julio del 2020

Estaciones de servicio como la de la av. Amazonas en Quito, cambiaron desde ayer los valores de la gasolina extra y ecopaís y del diésel. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Estaciones de servicio como la de la av. Amazonas en Quito, cambiaron desde ayer los valores de la gasolina extra y ecopaís y del diésel. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Estaciones de servicio como la de la av. Amazonas en Quito, cambiaron desde ayer los valores de la gasolina extra y ecopaís y del diésel. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Ecuador avanza en la liberalización controlada de los precios de los derivados y de la importación de combustibles, para que empresas privadas participen en el negocio que hoy monopoliza el Estado.

Esta última medida es necesaria porque, según el Gobierno, el país prácticamente no contará este año con capacidad de refinación de combustibles, por las limitaciones ­técnicas u operativas de las plantas industriales que cumplen estos procesos.

Esta información fue expuesta ayer, 20 de mayo del 2020, por René Ortiz, ministro de Energía, durante un conversatorio que mantuvo junto con Richard Martínez, ministro de Economía.

La principal refinería, Esmeraldas, está fuera de operación desde inicios de abril pasado, porque la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC) -considerada el corazón del complejo- presentó fallas en varios de sus componentes. La reparación de estas piezas está en proceso, pero como se trata de un equipo especial está previsto que el arreglo termine en alrededor de tres meses, explicó a inicios de este mes el ministro Ortiz.

A esto se sumó la suspensión de la planta de La Libertad, por el alto riesgo de contagio de covid-19 que tenían los trabajadores. La misma medida se tomó en el complejo Shushufindi.

Lo anterior implica que la capacidad de refinaciónn se redujo a cero, anotó Ortiz.

Antes de esta situación, estas plantas procesaban alrededor 175 000 barriles de crudo al día. Con esto y la importación de otros derivados se cubría la demanda nacional, que ahora se encuentra contraída en un 70%, por las restricciones de movilidad por el covid-19.

Para garantizar el abastecimiento, Ecuador liberalizará la importación de derivados para que la compra pueda ser realizada por la empresa pública Petroecuador o cualquier persona natural o jurídica, según el Decreto 1 054, publicado ayer, 20 de mayo. De esta forma, se desmonopolizará el sistema de comercialización enfatizó Ortiz.

Mientras los nuevos actores cuentan con la infraestructura para transportar y almacenar estos derivados, ellos podrán usar las instalaciones de la petrolera estatal a cambio del pago de una tarifa por definir.

Para la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), esta propuesta no brinda igualdad de participación, porque las firmas privadas deberán seguir compitiendo con Petroecuador, que es la principal comercializadora y cuenta con toda la infraestructura.

En la fijación de precios de los productos se deberán cumplir los parámetros establecidos en el Decreto 1 054.

En este instrumento se establece que la fijación de precios de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel se realizará de forma mensual, en función de los costos que tengan estos productos en el mercado internacional. Pero, a la vez, se aplicará una banda que permitirá que este valor fluctúe entre un techo y un piso.

La banda para fijar el precio de estos derivados será de hasta 5%. Esta se aplicará desde el próximo 1 de julio. Para esto se considerará el costo internacional de estos productos del mes anterior, pero ese monto no será menor al valor base de USD 1,75 fijado para el galón de las gasolinas extra y ecopaís, y de USD 1 para el diésel, los cuales están vigentes desde ayer.

Con este mecanismo, el precio de estos derivados variará cada mes, en función del costo de la materia prima, que es el petróleo. Y, al final, el valor se irá equiparando con el precio internacional, según Ortiz.

Este esquema no evitará que eventualmente se supere la banda del 5%, ante un alza de los combustibles. Para afrontarlo se analiza crear un fondo de estabilización de precios, subir alrededor USD 10 en el bono de desarrollo humano o fijar parámetros para que el costo del transporte público no se afecte, precisó Martínez.

Los derivados que se usan en las industrias atunera y camaronera tendrán un esquema similar de bandas de precios.

3 695 trabajadores de 8 empresas serán liquidados

La liquidación de las ocho empresas públicas se dividirá en dos fases. Los procesos tomarán entre dos meses y seis meses, aunque en el caso de Tame habrá un tiempo adicional. Marco Ávila, titular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), explicó que en el caso de la aerolínea la primera fase será de 60 días y en ella se verificará qué bienes se podrán vender. Después se nombrará un liquidador, quien tendrá hasta 210 días para desarrollar el proceso.

Transcurridos los plazos máximos de los Decretos de extinción de las empresas, todos los activos y pasivos se transferirán a diferentes carteras de Estado para seguir con el procedimiento. Tame, por ejemplo, será asumida por el Ministerio de Transporte. El titular de esa Cartera, Gabriel Martínez, dijo que dialoga con Latam, Avianca y Aeroregional para no perder rutas a Esmeraldas, Lago Agrio y Santa Rosa, que eran operadas por la aerolínea.

Ávila dijo, además, que solo tres medios quedarán tras eliminar a la Empresa de Medios Públicos. Las ocho firmas agrupan 3 695 empleados y todos serán liquidados, según Emco. Para ello requiere USD 40 millones.

Reducción de la jornada de funcionarios, en vigencia

El presidente Lenín Moreno emitió el Decreto 1053 que reforma el reglamento a la Ley Orgánica del Sector Público (Losep) y dispone que por un lapso de seis meses, renovable hasta seis meses más, se podrá reducir la jornada del sector público de 40 a 30 horas semanales. La disposición, que se traduce en jornadas de seis horas diarias para estos servidores, está vigente desde ayer, luego de que se publicó el Decreto en el Registro Oficial.

Según Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, con esta disposición se entiende que la jornada solo se reducirá para los empleados de la Función Ejecutiva y bajo la Losep, no bajo el Código de Trabajo. El artículo 47,1 de esta última norma permite reducir la jornada hasta 30 horas semanales, siempre que exista un acuerdo entre las partes.

Cristóbal Buendía, asesor de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, mencionó que no está establecido un mecanismo que regule el pago de la remuneración cuando baja la jornada. Aunque las horas laboradas caen en un 25% para funcionarios estatales, el Ministerio de Trabajo dijo que el salario se reducirá en 16,6%.

Créditos de hasta USD 500 000 para reactivación 

La nueva línea de crédito Reactívate Ecuador estará disponible desde el 25 de mayo en Banco del Pacífico. El producto ofrecerá un plazo de hasta tres años. Las microempresas accederán a montos de entre USD 500 y 30 000; las pequeñas firmas, hasta 300 000; y las medianas, hasta 500 000. Los recursos se podrán usar para capital de trabajo y pago de nómina. El ministro de Producción, Iván Ontaneda, explicó que la tasa de interés podrá ser de máximo 5%, aunque áreas más afectadas como turismo, textiles y pequeños comercios podrán acceder a tasas menores.

Los créditos se desembolsarán en plazos de 10 días y se privilegiará a clientes que no hayan incurrido en despidos.

Este producto se pondrá en marcha con USD 1 150 millones que el Gobierno inyectó a un fondo, con recursos de multilaterales. Además, los dineros servirán para dar una garantía de hasta el 80% a los negocios para acceder a préstamos en entidades financieras privadas. Está previsto que más bancos y cooperativas se sumen. En junio, el Fisco recibirá otros USD 1 500 millones de ayuda externa y una parte de ese monto se inyectará al fondo.