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La Ley de Transporte limita la creación de nuevas empresas

Un camión de carga pesada moviliza palma africana hacia una empresa aceitera. Foto: Cortesía UTRAPE

Los sectores productivos y los pequeños y medianos transportistas piden vetar parcialmente el proyecto de Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, por considerar que “atropella la libre competencia”.

El plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre este texto vence el próximo 2 de junio, confirmó el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. Sin dar más detalles, señaló que está previsto que el Gobierno tome una posición sobre la norma en estos días.

Uno de los artículos que preocupa es la Disposición 81 del proyecto de Ley, que plantea declarar una moratoria para el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes por dos años.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Quito, esta disposición impide la creación de nuevas empresas de transporte de carga y el aumento del parque automotor porque no habrá nuevos cupos e, incluso, dificulta que las empresas del sector productivo adquieran nuevos camiones de carga.

El Comité Empresarial Ecuatoriano agrega que no existe razón para limitar a una actividad comercial y privada, y teme que esto pueda generar problemas para el traslado de productos e, incluso, para el traslado de su personal.

Otro punto que inquieta a los gremios es la entrega de un anticipo del 50% del flete a todo aquel que contrate con una empresa de transporte de carga. Es un monto alto y no todos están en capacidad de cubrirlo, dice la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Los pequeños y medianos transportistas, que buscan crecer en el mercado, se sienten afectados. Alex Ayala, titular de la Unión de Transportación Pesada del Ecuador (Utrape), observa que, con la transitoria 81, se alienta la informalidad.

El dirigente cree que con la aprobación de esta parte de la Ley se generaría un monopolio de las grandes empresas de transporte y sometería al resto a los precios que ese sector ponga a los cupos. “Se aumentaría el costo para pequeños y medianos transportistas de carga pesada que quieren entrar al mercado formal, las grandes empresas ofertarían esos cupos a precios que nosotros no podemos pagar”.

Otro problema, según el gremio, es la iniciativa legal de fijar tarifas, presentada por los transportistas grandes a la Asamblea, la semana pasada.

La propuesta fue planteada por la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape). Con ello, según Ayala, se pretende fijar precios a una actividad privada, cuando deben nacer de la libre oferta y demanda.

Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Fenatrape, discrepa con esos argumentos. Dice que “no puede haber un monopolio cuando hay cerca de 40 000 operadoras de transportación de carga en el país”.

Vizcaíno considera que se podrían entregar nuevos títulos habilitantes, siempre y cuando haya un estudio previo y análisis para los sectores que los necesiten.

El dirigente no está de acuerdo con que se vete la norma relacionada con la moratoria en la entrega de títulos, porque dice que en el país existe “una saturación en la oferta del servicio de transporte de carga”.

Sin embargo, Vizcaíno cree que las dudas de los sectores productivos se pueden aclarar a través del reglamento. Cree que se puede definir la entrega de los títulos, para que no se afecte a la renovación de autos.

Sobre el tarifario, dijo que en el país existe demasiada informalidad y eso impide una adecuada formulación de precios.

En todo caso, la Fenatrape cree que la Ley de Transporte es positiva. El gremio cuenta con el apoyo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien pidió al Ejecutivo, en un tuit, publicado el 19 de mayo pasado, que dé el ejecútese a la Ley. La primera reu­nión que tuvo la funcionaria al asumir el cargo fue con diversos gremios de transporte, donde agradeció su apoyo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta el 2018, en el país hubo unos 135 000 vehículos de carga pesada matriculados.

Fafo Gavilánez, exasambleísta y quien fue uno de los ponentes de la Ley, cree que la reforma es positiva y que “siempre es perfectible”. Él dice que con el reglamento se pueden afinar los detalles que inquietan a los gremios productivos y de transporte.

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