La ley fija un año de plazo para implementar los pagos en línea
El Ejecutivo tiene 30 días para vetar o allanarse a la iniciativa legal, que implica a todas las entidades del Estado. Foto: Tomada del Flickr de la Asamblea
La Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos aprobada el martes 14 de agosto del 2018 por la Asamblea crea el sistema de pagos en línea para los trámites administrativos de todas las instituciones públicas.
Con ello se busca evitar que el ciudadano tenga que acudir a las oficinas de las entidades públicas o instituciones bancarias para realizar estos pagos.
El Ejecutivo tiene 30 días para vetar o allanarse a la iniciativa legal.
La norma, además, dispone que las entidades del sector público -que ya cuentan con trámites en línea- garanticen que todo el proceso se haga por Internet.
La iniciativa eleva a ley disposiciones como las establecidas vía el Decreto 372 para prohibir el requerimiento de la copia u original de la cédula y papeleta de votación en los trámites en las dependencias públicas.
La Ley también prohíbe pedir a los ciudadanos el original o la copia de títulos de bachiller emitidos por los colegios o universidades, cuando estos documentos consten en la plataforma informática del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
De manera obligatoria, las instituciones del Estado deberán utilizar la información que reposa en el Sistema de Registro de Datos Públicos para atender requerimientos de la ciudadanía.
El Ministerio de Telecomunicaciones será la entidad encargada de emitir las políticas y regulaciones orientadas a la simplificación de procesos.
La creación de nuevos trámites solo se puede dar por Ley, Decreto u ordenanza municipal. Para ello, es necesario un informe vinculante del Ministerio de Telecomunicaciones y la obligación de suprimir uno o varios procesos ya existentes.
Ecuador es el tercero en la región que reporta el mayor número de tramites gestionados por el Gobierno, luego de países como Guatemala y Venezuela.
Además, los ecuatorianos destinan un promedio de 4,2 horas para cada proceso. Aunque la cifra está por debajo del promedio regional que es de 5,4, aún está distante de países como Chile donde solo dura algo más de dos.
Las cifras son parte del estudio El fin del trámite eterno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en junio pasado.
La complejidad de un trámite no solo se mide por las horas necesarias para completarlo, sino por factores como la cantidad de viajes que debe hacer el ciudadano a las entidades públicas o el número de papeles que debe presentar en persona.
Un 20% de los trámites en el país requirieron que los ciudadanos tengan que ir más de una vez a las oficinas públicas para su resolución, anota el estudio del BID.
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