Ley para que aseguradoras reembolsen al IESS se aprobó en el Pleno pese a reparos de gremios empresariales
William Garzón (derecha), presidente de la Comisión de Salud, durante el debate para allanarse al veto parcial del Ejecutivo. El miércoles 12 de octubre en la noche, la Asamblea aprobó el texto final de la Ley de Medicina Prepagada. Foto: Vicente Costales
Tras un debate que duró tres horas y 25 minutos, la Asamblea decidió este 12 de octubre del 2016, allanarse al veto enviado por el Ejecutivo a la Ley de medicina prepagada. Con ello, la norma entrará en vigencia una vez se publique en el Registro Oficial.
La decisión contó con el apoyo de 92 votos afirmativos. En la sesión no se esperaban sorpresas, pues ya durante la tarde asambleístas de Alianza País, que tienen la mayoría en la Asamblea, habían anticipado que se allanarían a las observaciones del Ejecutivo.
Sin embargo, el punto más álgido de la sesión lo provocó un asambleísta de la propia bancada oficialista.
La sesión en el pleno, convocada a las 18:10, inició con 40 minutos de retraso. Y la votación terminó a las 22:15. Mauro Andino, de AP, pidió, luego de la votación, que esta se reconsidere sin dar mayores argumentos.
Durante 15 minutos, varios asambleístas de la bancada oficialista se volcaron, visiblemente molestos e incluso alzando las manos, hacia la curul de Andino. Durante este lapso de tiempo apagaron el audio del autoparlante y las luces del Pleno.
Posterior a esto, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira aceptó la moción de Andino y planteó la votación de la reconsideración inicial, pero una mayoría de 97 votos negó la solicitud del legislador.
El Ejecutivo envió 12 observaciones al proyecto de Ley, pero la discusión en el Pleno se centró en una: la propuesta del Ejecutivo que obliga a las empresas de medicina prepagada a reembolsar al IESS o al Ministerio de Salud cuando sus clientes opten por hospitales públicos de esas entidades.
Para William Garzón, ponente del proyecto y presidente de la Comisión de Salud, la Ley no compromete la sostenibilidad financiera de las empresas de medicina prepagada, por lo que consideró que no quebrarán.
Mientras que María José Carrión, de la Alianza País, indicó que este proyecto garantizará el acceso a la salud y calificó a la Ley como positiva.
El asambleísta independiente, Ramiro Aguilar, quien en un inicio se pronunció a favor del proyecto de Ley, dijo que votará en contra luego de conocer el veto. Argumentó que el reembolso planteado por el Ejecutivo significa que se le está cobrando dos veces al usuario: una por la afiliación obligatoria que es similar a una prima de seguro, y otra por su plan de medicina prepagada o póliza, pues esos recursos van al IESS si el cliente con seguro privado opta por un hospital del seguro social.
"El presidente Correa se excede en el veto. Está equivocado porque toma como base el informe actuarial del IESS" dijo.
Dicho informe es el que la entidad presentó cuando se debatía la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios, aprobada en septiembre pasado.
Sobre este tema, el asambleísta opositor Andrés Paez reiteró que se usa información "adulterada" para el tratamiento de las leyes, "lo que ha inducido a errores que no debieran ser aprobados por el Pleno".
La Ley aprobada amplía coberturas en enfermedades preexistentes, catastróficas, preventivas entre otros aspectos. Sin embargo, el punto más polémico fue el reembolso planteado por el Ejecutivo.
La Ley se aprobó en medio de críticas del sector empresarial. Precisamente hoy, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) difundió dos informes relacionados con la medicina prepagada. El primero fue elaborado por la ‘Súper’ de Compañías y enviado a Asamblea, que señala que la utilidad del sector en 2015 fue de USD 19 millones y no 221 millones como sostiene un informe el IESS.
El segundo es de la Gerencia Institucional de la Eficiencia de la Red Pública de Salud y Red Privada Complementaria del Ministerio de Salud, aunque sin firma, que señala que el informe del IESS tiene errores en las cifras de los balances de las firmas de medicina prepagada u omite gastos en el momento de calcular las utilidades.
Uno de los argumentos de la CCE para cuestionar la Ley es que los asambleístas están tomando decisiones basados en informes "con errores".
