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Ley de Régimen Tributario que favorece a gobiernos locales y universidades impacta al Fisco

En marzo de este año los alcaldes y prefectos se movilizaron en Quito para exigir pago de atrasos. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Ejecutivo tiene hasta el 21 de mayo para pronunciarse sobre la reforma a la Ley de Régimen Tributario que plantea corregir el retraso en la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) con los gobiernos locales y universidades.

Este tributo se cancela en la adquisición local e importación de bienes o servicios.

La Asamblea aprobó el texto el 20 de abril pasado. El Ejecutivo aún no ha tomado una decisión. “Se está analizando”, comentó ayer (10 de mayo del 2021) el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo.

Con la normativa actual, el dinero del IVA pagado por los GAD, universidades y politécnicas públicas es recaudado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), el cual -posteriormente- ingresa al Presupuesto General del Estado.

Luego, el Fisco debe devolver el valor vía egreso. Pero por los problemas de flujo de caja que ha tenido no se ha pagado a tiempo. Según datos de los gobiernos locales, la deuda por IVA del Fisco por el 2019 y el 2020 suma unos USD 180 millones.

Con la reforma, se plantea que los GAD pasen a ser agentes de retención y de recaudación de esos valores que irían directo a sus cuentas. Además, la norma da seis meses, contados desde la publicación de la Ley en el Registro Oficial, para que el Fisco se ponga al día en los atrasos por IVA.

Edwin Miño, director del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), señaló que cuando los gobiernos locales no reciben a tiempo estos valores no pueden realizar obras en las localidades, como establece la Ley. Por eso cree que es positiva la reforma, “aunque siempre es perfectible”.

Solo por devolución del IVA, de 2019 y 2020, el Estado adeuda a las prefecturas USD 51,5 millones. “Ese monto para 24 provincias corresponde a unos 2 millones cada una, no es un monto que va a desfinanciar al Estado, pero sí afecta a las localidades. Por ejemplo, se podrían levantar los cinco puentes que se fueron con las lluvias en el alto Zamora y varios kilómetros de repavimentación, y otras obras”, agregó.

A ese valor se debe agregar el rubro adeudado de enero a abril del 2021, aseguró.

Con el proyecto aprobado por la Asamblea, se eliminaría el trámite burocrático para que los recursos pagados por los gobiernos locales por IVA retornen a las localidades, defendió el asambleísta Héctor Yépez (Creo), titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que trató el texto.

Miño puso un ejemplo: si una Prefectura compra una volqueta, esta compra está gravada con IVA, pero no se lo pagaría físicamente a la empresa vendedora sino que se quedaría en las cuentas de la Prefectura, aunque sí quedaría registrado en la factura.

“Así el SRI podrá ver que una empresa privada vendió una volqueta a una Prefectura, la declaración la hará con cero de retención de IVA. Y tendrá que pagar impuesto a la renta y todos los demás tributos”, dijo.

Los GAD esperan que haya un pronunciamiento favorable del Ejecutivo. Además, “sería una forma de no agregar más deuda a la que ya tiene el Estado”, agregó Miño.

Lucía Sosa, vocal del Comité Ejecutivo de Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), señaló el Estado debe a los municipios por devolución de IVA más de USD 126 millones por los años 2019 y 2020.

“En el caso de mi municipio, nos adeudan más de USD 3,2 millones, eso para mí es plata para proyectos programados para este año”, dijo y, por eso, espera que el Ejecutivo dé un pronunciamiento favorable.

Para Javier Bustos, experto tributario, si bien el Estado debe devolver el IVA a los GAD por ley, la reforma tiene algunas falencias conceptuales de fondo y de forma, por lo que el Ejecutivo debería vetarlo.

Una de ellas es que una reforma tributaria debe venir del Ejecutivo, según establece el artículo 301 de la Constitución y no desde la Asamblea. Otra falencia es que los GAD no pueden ser agentes de retención ni recaudación de tributos nacionales, dijo.

Según el ministro Pozo, estos elementos, además de los impactos económicos, son parte de los aspectos que están en análisis en el Ejecutivo. Pese a eso, admitió que es necesario buscar una salida ya que no es sano que el Fisco acumule atrasos por devoluciones.

El asambleísta Yépez dijo que la norma es constitucional porque no es una reforma tributaria sino un mecanismo para que se cumpla la ley.