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El Plan Anual de Inversiones (PAI) del Presupuesto General del Estado de 2025 muestra una ejecución muy por debajo de lo previsto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, de los 1 278 millones de dólares planificados, solo se han ejecutado 539 millones entre enero y septiembre en inversión pública en Ecuador.
Esto representa una ejecución del 42 %, lo que obliga al Gobierno de Daniel Noboa a invertir 739 millones en obra pública durante el último trimestre del 2025 si quiere cumplir su meta anual.
Aunque el avance sigue siendo limitado, refleja una mejora frente a 2024, cuando lo invertido en el mismo período del año pasado fue de 361 millones en el mismo período, es decir, un incremento interanual del 49 %. Sin embargo, el nivel de ejecución continúa siendo insuficiente para las necesidades de infraestructura, salud y educación del país.
El economista Rodrigo López, docente de la Universidad San Francisco de Quito, considera que la baja ejecución del PAI es una de las principales debilidades del manejo fiscal del Estado.
Explica que este plan debería ser el motor del desarrollo nacional, pues concentra las inversiones estratégicas en infraestructura, salud y educación. Sin embargo, la baja ejecución reflejan las restricciones de liquidez y la falta de financiamiento real. Esto impide que los recursos públicos lleguen a proyectos productivos y frena la generación de empleo y crecimiento económico, señaló López.
Por su parte, Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, coincide con este diagnóstico y advierte que las inversiones públicas son “casi inexistentes” en el actual período.
A su criterio, esta situación demuestra que la obra pública ha perdido su papel como motor del crecimiento económico, ya que los recursos disponibles son mínimos. Explica que la inversión pública se ha reducido drásticamente porque la mayor parte de los ingresos fiscales se destina al gasto corriente, básicamente pago de sueldos, el cual no alcanza a cubrirse totalmente con la recaudación tributaria.
La ejecución del gasto público muestra un fuerte desequilibrio. Los ingresos del Estado apenas alcanzan para cubrir los gastos corrientes, que aumentaron un 10,5% en 2025.
El déficit fiscal entre enero y septiembre se ubicó en 2 980 millones de dólares, lo que deja un margen reducido para la inversión.
El economista Carrera señala que el incremento en sueldos y transferencias “devora” los ingresos adicionales provenientes del alza del IVA, la eliminación de subsidios y los ingresos petroleros. “En este contexto, el espacio para la inversión pública sigue siendo mínimo”, afirma.
El Gobierno tiene hasta el 31 de octubre de 2025 para entregar a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria 2026, que reflejará los retos de mantener el equilibrio fiscal con menores ingresos petroleros.
Las proyecciones oficiales anticipan un crecimiento económico del 1,8%, impulsado por el consumo de los hogares y las exportaciones no petroleras, especialmente de camarón, cacao y minería.
Sin embargo, los precios del crudo a la baja y la reducción de la producción, por la erosión del río Coca y el cierre del Bloque 43-ITT, limitan esta fuente de ingresos.
Además, la eliminación del subsidio al diésel podría generar una inflación temporal de hasta 3,2% en 2026, aunque el Gobierno planea mitigar el impacto con mecanismos de compensación.
El Plan Anual de Inversiones 2026 prevé una reducción drástica. El monto proyectado bajará de 1 278 millones a 600 millones de dólares, menos de la mitad del nivel presupuestado en 2025.
Esta disminución responde a la caída de ingresos temporales y a la menor disponibilidad de financiamiento externo.
Los expertos coinciden en que, sin reformas estructurales que contengan el gasto corriente y fortalezcan los ingresos permanentes, la sostenibilidad fiscal del país seguirá en riesgo. Advierten que la inversión pública difícilmente se reactivará mientras el Estado continúe priorizando el gasto corriente sobre la obra y los proyectos de desarrollo.
Plantean, además, la necesidad de reformas que mejoren la eficiencia del gasto público y generen condiciones propicias para atraer inversión privada, impulsar el crecimiento y dinamizar la economía nacional.
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