La resolución emitida el 6 de noviembre de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria volvió a poner sobre la mesa una práctica que miles de consumidores identifican desde hace años en Ecuador: el cobro de valores adicionales cuando una compra se paga con tarjeta de crédito o débito.

Aunque la prohibición de establecer diferencias entre el precio en efectivo y el precio con tarjeta fue destacada como uno de los cambios más relevantes para los consumidores, usuarios y especialistas recordaron que esta obligación ya constaba en la normativa vigente. La duda que surge ahora es qué hacer cuando un establecimiento aún aplica un recargo por pago con tarjeta.

El recargo por pago con tarjeta ya estaba prohibido

Uno de los puntos que más atención ha generado en la nueva regulación es la prohibición de ofrecer precios distintos según el medio de pago utilizado por el consumidor.

La disposición también alcanza a promociones, descuentos y rebajas. Esto significa que un establecimiento no puede ofrecer un precio promocional para quienes paguen en efectivo y cobrar más a quienes utilicen una tarjeta de crédito o débito.

Sin embargo, las reacciones de los consumidores apuntaron a otro aspecto. Varios usuarios recordaron que esta prohibición ya existía y que, pese a ello, continúan encontrándose casos en los que se aplica un cobro adicional por usar tarjeta.

En abril de 2022, representantes de distintas entidades analizaron denuncias relacionadas con establecimientos que incrementaban el valor de los productos o servicios cuando el cliente escogía pagar con tarjeta.

En ese momento, usuarios reportaban recargos que fluctuaban entre el 4% y el 14% por pagos con tarjeta de crédito o débito. Fernando Echeverría escribió en redes sociales que “la regla de no incrementar el valor por este medio de pago existe desde hace años, pero que pocos negocios la cumplen”. En cambio, María Paula Chávez indicó que algunos establecimientos informan directamente a los clientes sobre estos recargos e incluso los publican en Internet.

@elcomerciocom Hace muchos años que "no se puede incrementar el precio por pagar con TC". Lo que hace falta es un mecanismo express de denuncias y sanciones a los comercios que no cumplen con la ley.

— Iván Sierra (@mrjohnkeating) November 8, 2026

¿Qué dice la nueva regulación sobre los cobros adicionales?

La economista Jeaneth Torres considera que la nueva regulación representa un avance en la protección de los consumidores y en la transparencia del sistema financiero.

La experta recordó que la prohibición de cobrar un precio mayor por utilizar tarjetas ya estaba contemplada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. No obstante, la resolución emitida el 6 de noviembre refuerza esta obligación e insiste en que los comercios deben mantener los mismos precios, promociones y descuentos independientemente del medio de pago utilizado.

Como ejemplo, explicó que si un producto cuesta 100 dólares al contado, el establecimiento no puede cobrar 105 dólares porque el cliente decidió pagar con tarjeta de crédito o débito.

La regulación también incorpora medidas relacionadas con la seguridad de las tarjetas, entre ellas mayores mecanismos de autenticación, notificaciones gratuitas y responsabilidades para las entidades financieras frente a determinadas operaciones fraudulentas.

La experta en Derecho Financiero, Grace Chiriboga, destaca que si bien ya existía una disposición anterior, no se le había dado un tratamiento adecuado al tema de los cobros indebidos. “Ahora la resolución dice que el adquirente, que es la entidad que da el punto de venta al comercio, es el que tiene que resolver este tipo de de cosas, Datafast, por ejemplo”.

Según la coordinadora de la firma de abogados Fexlaw, la nueva resolución dispone que los reclamos deben dirigirse a ese tipo de compañías, “indicando que el comercio está realizando estos cobros excesivos para que ese adquiriente sea quien incluya dentro del contrato una cláusula que especifique que el comercio no puede subir los costos de los productos cuando se pague con tarjeta”.

La resolución es general, por lo que la Junta dispuso que las superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria establezcan normas supletorias. “Lo más probable es que las dos superintendencias saquen o actualicen sus resoluciones de atención de reclamos, donde tomen en consideración este punto y especifiquen el procedimiento que debe seguir el adquirente en caso de reclamo de la persona, cómo pedirá los descargos del reclamo. Hasta podría determinar si es que hubo un incumplimiento de contrato por parte del comercio y aplicar cualquier tipo de corrección o sanción”, agrega.

La comisión del banco debe asumirla el local

La disposición actual sobre los pagos con las tarjeta ya se mencionó anteriormente. La Superintendencia de Bancos recordó en un pronunciamiento previo que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que el precio para el pago con tarjeta de crédito debe ser el mismo que al contado.

La entidad explicó, además, que cuando una persona paga con tarjeta, el establecimiento comercial debe asumir una comisión del 4,02% en pagos con tarjeta de crédito y del 2% en pagos con tarjeta de débito.

Ese valor corresponde a la relación comercial entre la entidad financiera y el establecimiento. Por esa razón, la comisión no puede trasladarse al comprador o tarjetahabiente.

¿Cómo reclamar si le cobraron de más?

Cuando un consumidor identifica un cobro adicional no autorizado, Torres recomienda solicitar la factura y conservar el comprobante de pago.

Posteriormente, puede requerir al establecimiento la devolución del valor cobrado de manera indebida. Si no obtiene una respuesta satisfactoria, puede presentar un reclamo ante el defensor del cliente en las instituciones financieras emisoras de las tarjetas (bancos, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas), en la Defensoría del Pueblo y en las superintendencias.

Además, la Defensoría ha recordado en sus redes sociales que ninguna norma legal autoriza el recargo cuando se paga con tarjeta de crédito o débito.

Existe una excepción específica para combustibles. Ambas especialistas precisan que, de acuerdo con la normativa vigente, se mantiene una comisión de 20 centavos más IVA por transacciones realizadas con tarjeta al momento de pagar las gasolinas, hasta que el organismo regulador disponga lo contrario.

“Hay que diferenciar dos cosas: una es el servicio financiero y otra es el costo de utilizar el punto de venta, que es el Datafast. Entonces, la Junta emite tarifarios de costos que son autorizados y el de gasolineras es un costo autorizado desde hace años. No es algo que están cobrando además del uso de punto de pago”, aclara Chiriboga.

Plazo para aplicar la nueva norma

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria emitió la Resolución JPRFM-2026-048-T el 6 de noviembre y en ella otorgó un plazo de seis meses a las entidades de control para adecuar las normas necesarias que permitan aplicar la nueva disposición.

Pese a ese período, el marco normativo ya es aplicable. Si bien falta que la operatividad sea normada a través de una regulación secundaria por parte de las superintendencias, si una persona quiere presentar un reclamo porque alguien le está cobrando esta comisión adicional con la tarjeta, puede hacerlo a través, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo o a los contactos del adquirente. “Aunque va a ser un poco más complicado porque todavía no hay una línea trazada de cómo van a ser sus reclamos, ya tiene la opción de poder gestionar este tema”, insiste la abogada.

Para el resto de reclamos, en cambio, las dos superintendencias tienen sus propias resoluciones. Aquellas todavía están vigentes hasta que las entidades emitan nuevas resoluciones o reformen las que ya están establecidas.

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