El presidente Guillermo Lasso remitió este viernes 27 de agosto del 2021 a la Asamblea los nombres de los candidatos para conformar la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera.
Los nombres de los propuesto para la Junta de Política y Regulación Monetaria son: Pablo Andrés Guerrón Quintana, María Paulina Vela Zambrano y Gustavo Paúl Solórzano Andrade.
Mientras que para la Junta de Política y Regulación Financiera los candidatos son: Galo Mauricio Valencia Stacey, Rosa María Herrera Delgado y Marcos Giovanny López Narváez.
Esta acción se da para cumplir con la disposición de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, aprobada en abril de este 2021.
Esta Ley estableció que la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se divida en la Junta de Política y Regulación Monetaria, encargada de formular la política monetaria para que el Banco Central del Ecuador la instrumente; y la Junta de Política y Regulación Financiera, que establecerá la política en los ámbitos crediticio, financiero, de seguros y valores.
Las dos juntas serán parte de la Función Ejecutiva y cada una estará conformada por tres miembros que serán profesionales técnicos con amplia experiencia en los ámbitos de su competencia y sin conflictos de intereses, señaló el Ministerio de Finanzas.
La Asamblea Nacional será la encargada de designar a los miembros y de posesionarlos.
La también conocida como Ley de Defensa de la Dolarización aprobada en abril en la Asamblea tenía por misión robustecer el sistema monetario adoptado por el país en el 2000.
Uno de los mayores debates se dio entonces en torno a la devolución de la autonomía política y financiera al BCE y que, según sus defensores, permitirá garantizar la estabilidad de la economía y garantizar la política financiera del país, aunque los detractores lo consideran como una “privatización” de la entidad.
La dolarización fue aprobada en Ecuador hace 21 años, tras la profunda crisis financiera que sacudió al país entre 1998 y 1999, considerada como al peor de la historia nacional, con una treintena de bancos privados intervenidos por el Estado y cuyo salvamento le costó más de USD 8 000 millones al erario nacional.