Los gastos del Estado serán mayores que los ingresos en el 2022. Para cubrir ese hueco, el Gobierno apuesta por conseguir dinero emitiendo bonos estatales dentro del país.
Los bonos son papeles que emite un Estado para inversionistas privados, quienes acceden a comprarlos a cambio de recibir una tasa de interés y de obtener de vuelta su dinero tras un plazo establecido.
Para cubrir todos sus gastos y poder pagar deudas pasadas, el Fisco debe conseguir USD 9 769 millones el siguiente año.
La mayor parte de esas necesidades, esto es 4 726,9 millones, provendrá de bonos colocados en el país, según la Proforma enviada a la Asamblea.
Se trata de un monto mayor que el previsto para este año, que es de solo USD 1 707 millones e incluso el más alto de la última década.
Lograr esa meta en el 2022 será un reto por el alto riesgo país que puede alejar a inversionistas, señaló Ramiro Crespo, titular de Analytica Securities. El pasado viernes ese indicador, que mide las probabilidades de un país de pagar su deuda, fue de 852 puntos.
“No veo compradores locales interesados en adquirir ese monto de bonos”, dijo Crespo.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, también cree que es inviable lograr esa meta.
Según estos dos expertos, uno de los principales compradores de papeles estatales, el Seguro Social, atraviesa este momento por una crisis de liquidez que limita su participación en el mercado de valores.
De hecho, esta entidad tendrá que desinvertir parte de su portafolio para poder cubrir pensiones el siguiente año.
Otros potenciales compradores son la banca, que goza de liquidez, y las aseguradoras, pero estos actores han registrado este año un mayor “apetito” por papeles de corto plazo como Certificados de Tesorería, que también son emitidos por el Gobierno, pero a plazos menores de un año.
Por esta razón, los principales receptores de bonos han sido maestros, municipios y proveedores, quienes se han visto obligados a aceptar estos títulos para cobrar jubilaciones, transferencias y facturas pendientes del Estado.
Luego de recibir esos papeles, esos actores acuden a la bolsa para venderlos con castigo; es decir, a un valor menor.
Por esos papeles, el Estado paga un interés del 7 al 9% al año. “Esos rendimientos son para los montos pequeños que reciben maestros, constructores, municipios (…), pero si se hacen colocaciones mayores la tasa debería bajar considerablemente”, explica Ulises Alvear, presidente de la casa de valores Metrovalores.
El ministro de Finanzas, Simón Cueva, explicó el viernes que el financiamiento interno para el 2022 no incluye solo bonos sino convenios de liquidez con entes del sector público no financiero y otros.
Él indicó que hay apertura en multilaterales y bancos de inversión para apoyar al Gobierno, y dijo que si la Asamblea aprueba la reforma tributaria también bajarán las necesidades de endeudamiento.
Alvear agrega que la emisión de un monto tan elevado de bonos como se prevé para el 2022 se pudiera dar en un escenario positivo en el que se apruebe una ley de atracción de capitales. Esas reformas debiera incluir el fortalecimiento del mercado de valores y de los custodios de papeles con plataformas tecnológicas internacionales, la creación de una comisión de valores y la eliminación de barreras como el impuesto a la salida de divisas.
La intención del Gobierno llega en momentos en que el mercado de valores atraviesa por escándalos bursátiles como las emisiones de facturas sin respaldo que fueron compradas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), el cual aún no logra recuperar sus inversiones.
Otra parte del financiamiento que espera conseguir el Estado vendrá de bonos externos por USD 1 200 millones, cuyos principales compradores son fondos internacionales, bancos extranjeros y otros.
La emisión de estos papeles será viable en la medida en que “el mercado vea que las cosas en el país van bien y que el riesgo país baje” y, de ese modo, obtener créditos baratos, explica el experto Fausto Ortiz.