El debate de la Proforma 2021 arrancó y se retomará …
Un hombre fue linchado en el sur de Quito, acusado d…
Cpccs en apuros para nombrar un Defensor del Pueblo
Talibanes sustituyen Ministerio de la Mujer por Mini…
Detenida pareja en Guayaquil por producción de porno…
Lula mantiene amplia ventaja en sondeos para elecció…
Licencias ilegales se rastrean en calles de Ecuador
Corte Constitucional delimitó temas para una consult…

‘Ley de Fomento hará que lleguen 10 300 millones’

Entrevista a Pablo Campana, ministro de comercio exterior e industrias. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Entrevista a Pablo Campana, ministro de comercio exterior e industrias. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Entrevista a Pablo Campana, ministro de comercio exterior e industrias. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

¿Cuánta más inversión privada se recibirá este año frente al 2017?

El 2017 cerró con USD 15 400 millones. Este año esperamos 16 632 millones como meta conservadora y 17 475 millones en un escenario optimista. Y hasta el 2021 se esperan USD 10 300 millones de 137 empresas. Eso significa una inversión de 3 000 millones por año. De esas empresas, 84 ya están invirtiendo este año. Se trata de una inversión totalmente descentralizada. Hay proyectos en Imbabura, Pichincha, Guayas y Manabí. Al ver por sectores también hay una desconcentración porque hay iniciativas en agroindustria, agricultura, logística, turismo, actividad inmobiliaria, otras industrias y comercio. En ese monto no se incluyen los rubros de los sectores petrolero, de vialidad y minería.

¿Y en inversión extranjera directa?

El 2017 cerró con 612 millones. Este año esperamos alcanzar 995 millones como cifra conservadora y 1 161 millones en un escenario optimista.

Pero el monto parece ser insuficiente para convertir a la inversión privada en
el motor de la economía. De hecho, la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, atribuyó la desaceleración del PIB en este año a que no llegaron las inversiones al ritmo esperado.

La economía crecía por deuda, pero nosotros somos un Gobierno responsable y estamos tratando de bajar la deuda y reducir los gastos corrientes y, en ese sentido, algunos proyectos de inversión estatal se han sacrificado. ¿Cuál es el precio de esto? El precio es una disminución del PIB, pero eso es trabajar ordenadamente. El problema del Ecuador es un problema de excesivo endeudamiento y alto déficit fiscal.

¿Por qué los privados no están respondiendo en ese mismo ritmo?

No se puede lograr inversión extranjera de la noche a la mañana cuando antes no había un marco jurídico adecuado. No es cuestión de soplar y hacer botellas. No me tiembla el pulso en decir que tenemos un potencial mínimo de USD 3 000 millones por año en inversión desde el 2019. El 2018 debíamos haber adjudicado proyectos estratégicos de inversión vía licitaciones. Desde que asumí Industrias le di prioridad a dos de ellos y voy a sacarlos este año: una planta de cobre y otra de aluminio. Otros siete proyectos están a cargo de la Cartera de Energía, que tendría que sacarlos a concurso.

3 000 millones del lado privado son insuficientes si se considera que el Estado dejó de invertir 4 000 millones por año.

Hemos dicho que hasta el 2021 van a llegar USD 3 000 millones por año en inversión como mínimo, pero no nos conformamos con eso. Esos nueve proyectos que hemos identificado significan inversiones por 29 000 millones en inversión extranjera. El monto incluye la Refinería de Manabí, la planta de cobre y de aluminio, proyectos mineros, viales, eléctricos.

¿Qué le hace pensar que en el 2019 sí llegarán los recursos esperados?

Estamos trabajando para ello. Hemos hecho un marco jurídico sólido, con la Ley de Fomento, que brinda dos incentivos. El primero es seguridad jurídica y el segundo es que rompe candados que antes no permitían que lleguen las inversiones.

¿Cuáles?

Había responsabilidad legal del accionista de una compañía sobre cualquier error que cometa el representante legal de la firma, eliminamos el impuesto minero ‘windfall tax’ que estuvo muchos años y que no generó un centavo, más bien ahuyentaba la inversión, entre otros. Ahora somos el país con más incentivos tributarios para las inversiones que se comprometan en los próximos 24 meses y hasta por 12 meses más. Fybeca acaba de ser vendida a Socofar, de la mexicana Femsa, y Nestlé acaba de adquirir Terrafertil. Eso ocurre por dos motivos: primero porque el inversionista siente una mayor seguridad jurídica y por los incentivos tributarios.

¿Femsa viene discutiendo con Fybeca desde hace varios años atrás?

Sí, pero ellos me dijeron que la transacción se aceleró porque Ecuador es ahora un país con seguridad jurídica y distinto al que vieron por primera vez hace cinco años. Otro factor fue que la Ley de Fomento redujo la tasa impositiva para la transferencia de acciones, del 35% para personas naturales y 25% para personas jurídicas, al 10% como techo.

Los empresarios creen que para concretar inversiones aún faltan cambios como reformas laborales.

Ese no es mi campo. Yo pienso que la Ley de Fomento es una herramienta muy potente y va a generar grandes resultados en inversiones desde el 2019, pero faltan otras leyes como: pesca, mercado de valores, quiebras, emprendimiento.

Pero un mercado inflexible no hace al Ecuador menos competitivo

Hemos logrado crear un Consejo Consultivo Público Privado para trabajar transversalmente sector por sector y empresa por empresa si es necesario, para ver dónde está el problema de la competitividad. Puede ser en la mano de obra, puede ser en el tema impositivo, la falta acuerdos comerciales, pueden ser muchos factores. Pero los sectores productivos también deben buscar más productividad, más innovación. Es momento de que los empresarios arrimen el hombro.

Los empresarios insisten en la eliminación del anticipo y el impuesto a la salida de divisas.

Este momento no hay las condiciones para eso.

¿Cuánto puede pesar en las metas el hecho de que el país no tiene tratados bilaterales de inversión (TBI)?

El Rey de Catar estuvo aquí hace unos días y manifestó su interés de invertir, pero dijo que se requería de un TBI. Todos los países desarrollados exigen ese instrumento.

¿Cómo va ese tema?

Es un tema que lo maneja la Cancillería. Debemos tener reuniones con el Procurador, Finanzas, Cancillería y la nueva Corte Constitucional para evaluar las alternativas. Esto no significa ser vendepatrias o perder soberanía.

Sin TBI ¿cómo garantizar que llegará la inversión extranjera en el 2019?

Tenemos que priorizar los TBI con países donde hay expectativa de inversiones importantes y potentes. Por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, EE.UU., Catar, China.

Suplementos digitales