Hasta el cierre de esta edición, el presidente Guillermo Lasso todavía no había decretado la derogatoria del Decreto 95, que establece una nueva política para el sector petrolero. Este es un pedido del movimiento indígena para deponer las protestas. El Gobierno se había comprometido a hacerlo tras la primera mesa de diálogo con representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
El Decreto 95, vigente desde el 7 de julio del 2021, buscaba inversión privada para cumplir su meta de duplicar la producción petrolera y determinaba un plan para 100 días, pero no se ha cumplido en su totalidad. El movimiento indígena también pide eliminar el Decreto 151, que delinea la política minera del país; el Ejecutivo planteó solo revisar la normativa. Para especialistas ambientales, el Decreto está en marcha en ámbitos como la agilización de procesos, tal como contempla la segunda disposición transitoria. Según unestudio de la organización Amazon Frontlines, “esto implicaría que la actividad de los ministerios (del Ambiente y de Energía) se convierta en que estos sean oficinas de ágil tramitación legal para que se desarrollen los planes extractivistas”.
Se emitieron varios estudios sobre el impacto ambiental
El Plan de Acción Inmediato que impulsa el Decreto 95 es el principal elemento que ha sostenido el debate ambiental en los últimos 11 meses. Para los especialistas, su puesta en marcha agilizó de forma poco técnica procesos en un sector altamente conflictivo para las comunidades donde hay influencia directa de los derrames petroleros, contaminación hídrica o quema de combustibles.
Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, explica que se plantea la derogatoria llega en un momento en el cual el decreto “ya cumplió con facilitar el marco jurídico para facilitar la extracción”. Ella pone como ejemplo la ronda Intracampos II. “Se la había planificado para hacerla en el segundo semestre del 2022, y ya empezaron con los trámites para ingresar a territorios indígenas y campesinos para socializar esa licitación, cuando debían hacer una consulta previa”, señala.
A su criterio, el Decreto está en marcha y el debate debe centrarse en que los procesos de explotación tengan un marco que tome en cuenta la consulta previa a las comunidades y que exija estudios de impacto ambiental, que tardan años y que no deberían agilizarse.
Jorge Acero, abogado de la organización AF, acompañó la demanda que presentaron la Conaie, Confenaie y Owap a la Corte Constitucional en contra del Decreto 95. Para él, la derogación sería el primer paso para reconocer derechos de los pueblos indígenas y de comunidades que viven cerca de las zonas de extracción petrolera. Sin embargo, explica que la Asamblea Nacional aún debe trabajar en una ley de consulta previa para regular estas actividades. Nicolas Mainville, biólogo de AF, dice que la derogatoria tendría efecto inmediato en tres áreas: biodiversidad y protección del bosque; limitación a la contaminación directa en ríos y quebradas; menos emisión de CO2. “El petróleo amazónico es problemático porque se talan reservorios de carbono para emitir más carbono por combustión”, comenta. En efecto, la deforestación en la Amazonía ecuatoriana desde 1990 hasta 2020 ha sido de 753 000 hectáreas debido a la expansión de la frontera extractivista, los asentamientos urbanos que crecen alrededor de los pozos petroleros y minas y la creación de nuevas zonas para la agricultura.
Melissa Moreano, investigadora de Geografía Crítica, indica que un nuevo decreto deberá partir de que no hay una evaluación integral del impacto de la explotación petrolera en la Amazonía norte.
Medidas
La segunda disposición transitoria dice que el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía revisen procesos ambientales del sector, los atiendan y los consideren prioritarios.
La agilización de procesos, según ambientalistas, aceleraba la aprobación de estudios de impacto en la naturaleza.
El cambio no logró subir la producción luego de 11 meses
El Decreto 95, suscrito en julio del 2021, delinea una serie de acciones para atraer inversiones privadas al sector petrolero ecuatoriano, con el objetivo de incrementar la producción y llegar el millón de barriles de crudo diarios hasta 2025.
Uno de los principales puntos es que las petroleras privadas pueden cambiar de modelo contractual. La normativa permite migrar de contratos de prestación de servicios a los de participación.
Según el Gobierno, los contratos de participación son más atractivos para las compañías privadas y permiten más inversiones hidrocarburíferas. También se hizo una reforma a la vigente Ley de Hidrocarburos.
Los contratos de participación se suspendieron en el régimen del expresidente Rafael Correa. Desde allí, el Ecuador usa el contrato de prestación de servicios, con el cual las empresas privadas extraen el crudo a cambio de una tarifa. El Estado recibe el 100% del crudo, pero también asume el riesgo en caso de una caída de los precios en el mercado internacional del hidrocarburo, por ejemplo.
Mientras que el contrato de participación permite a las compañías privadas realizar la inversión, asumir el riesgo y recibir una parte de la producción de petróleo.
En 11 meses de vigencia de este decreto presidencial no se han registrado estos cambios contractuales. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, señaló la semana pasada que, de 23 contratos petroleros, 15 habían “manifestado su voluntad” de migrar a la otra modalidad.
Así mismo, la vigencia de esta normativa tampoco ha ayudado a incrementar la producción petrolera. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el promedio diario de producción en abril pasado (última cifra disponible) fue de 497 000 barriles, la producción es muy similar a lo registrado en mayo del 2021, cuando Guillermo Lasso asumió la Presidencia, que fue de 498 000 barriles.
Para Miguel Robalino, experto en temas petroleros, la derogatoria de esta normativa no causará mayor impacto en el sector de hidrocarburos. “El Decreto 95 tiene un enfoque general sobre todas las fases de la industria petrolera, es decir, dio directrices generales y había plazos, pero muchos de ellos ni siquiera se cumplieron”.
Por ejemplo, se establecía un plazo de 60 días para que el Ministerio de Energía revise el estado del sistema de transporte de hidrocarburos, a fin de impulsar proyectos de inversión para mejorarlo, esto no se cumplió.
Además, el experto señala que muchos de los planteamientos recogidos en el documento se pueden seguir trabajando pese a su derogatoria. Entre ellas están las licitaciones internacionales para atraer inversiones extranjeras.
Medidas
Con el Decreto 95 se estableció 100 días para cambiar la política petrolera y atraer inversión privada. Se dispuso la venta de 42 gasolineras de propiedad de Petroecuador en un plazo de 60 días. Se decretó que Petroecuador identifique campos productivos para delegarlos a la iniciativa privada para aumentar su rendimiento.”
