El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, durante 30 días. Así, los militares saldrán a esos territorios. A la par, el Ejecutivo anunció que retoma el diálogo con los indígenas.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que aceptó una mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para retomar el diálogo con la Conaie.
En la declaración de Jiménez no se anunció el día, la hora ni quiénes participarán de la mesa de diálogo. Pidió a los manifestantes que no haya “más brotes de violencia”.
Por la tarde, Jiménez dijo que para volver a la mesa de diálogo, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, debía “deponer sus medidas de hecho”. La dirigencia indígena no se pronunció hasta el cierre de esta edición. El martes, el Gobierno decidió no acudir más a las negociaciones en las que medió el Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, una vez que un militar murió en medio de una protesta en Shushufindi, Sucumbíos.
Estado de excepción
El Decreto Ejecutivo 463 indica que el estado de excepción se circunscribe en estas provincias “por ser aquellas donde se concentra la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad de las personas , provisión de combustibles y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas”.
“Esta decisión tiene el objetivo de recuperar el orden público, controlar situaciones de violencia, proteger áreas reservadas, asegurar la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos y la integridad de la ciudadanía”, agregó la Secretaría de Comunicación.
Respecto del hecho de que el nuevo estado de excepción no incluyó a Quito o Pichincha, el consejero político de Presidencia, Diego Ordóñez, dijo a este Diario que no hay razón para ello. Añadió que no existe un nivel de violencia o conmoción que lo justifique.
Más protestas en Quito
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) anunció una nueva movilización masiva hacia la capital. Resolvieron habilitar el corredor de alimentos de primera necesidad, combustible, gas y otros insumos, mientras se alistan “para la gran movilización masiva a la ciudad de Quito”.
La movilización está planificada para hoy, desde las 07:30. “No queremos más represión de la fuerza pública ni desmanes”, se lee en el comunicado del MICC.
Las medidas de hecho se endurecerán en Pastaza. Así lo aseguró Otoniel Jimpikit, dirigente de las organizaciones indígenas de esta provincia. “Estamos esperando a las comunidades para traer abastecimiento y reforzar más a los compañeros en Quito”. Se prevé que 300 personas de esa provincia viajen a la capital.
Disturbios en Calderón
La noche del martes circuló por redes sociales la noticia de que una niña había fallecido en el enfrentamiento entre los habitantes de San Miguel del Común (norte de Quito) y la fuerza pública.
Andrea (nombre protegido) moradora del sector de San Miguel del Común, narró que los enfrentamientos se dieron desde las 15:30, cuando se realizaba una marcha, y un contingente policial utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a las personas; esto terminó asfixiando a habitantes de la zona. “La situación empeoró porque los vecinos pensaron que una niña falleció a causa de los gases, pues ya no tenía signos vitales y lo publicaron en redes sociales, entonces eso causó la indignación entre los moradores de los barrios aledaños, como Calderón, Gualo”.
Los manifestantes destruyeron dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en Calderón, en Quito. Las personas ingresaron a las oficinas y las incendiaron.
Marcelo Cajas, jefe del Distrito de Policía de Calderón, explicó que para precautelar a los moradores del sector que se quedaron sin la UPC, el personal policial permanecerá en el Distrito Calderón y se canalizarán las alertas a través del sistema del ECU-911.
“Nuestro personal va a estar alerta para evitar cualquier tipo de violencia hacia la ciudadanía y a los bienes del Estado”. En Calderón 220 policías dan seguridad a los moradores de esta zona. Allí se agregaron 80 policías para controlar el espacio público.
Candado a destitución presidencial
El viceministro de Gobierno, Homero Castanier, y el consejero presidencial, Diego Ordóñez, fustigaron al titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), por haber votado a favor de la destitución del jefe de Estado, Guillermo Lasso, mientras proponía una mediación para el diálogo con la Conaie. Los funcionarios señalaron que Saquicela demostró falta de imparcialidad, al apoyar la propuesta del correísmo que logró sumar 80 votos (de 92 necesarios) con Pachakutik, disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y legisladores independientes. En lo que resta del periodo legislativo (2021-2025), el Parlamento no podrá activar el procedimiento para una posible destitución del presidente Lasso. Esto, después de que el pedido del correísmo no alcanzara los 92 votos requeridos. Así, la Asamblea no puede intentar destituir a Lasso otra vez. El candado consta en el artículo 130 de la Constitución y en el artículo 151 de la Ley de la Función Legislativa.